Anexo II a la recomendación I/4

Objetivo	Meta	Criterios de Evaluación
1.5 – Prevenir y mitigar los impactos negativos de graves amenazas a áreas protegidas	Mecanismos eficaces para identificar y prevenir y/o mitigar los impactos negativos de amenazas graves a áreas protegidas se encuentran establecidos.	Mecanismos efectivos para identificar amenazas importantes e impedirlas (prerrequisito para el logro de una gestión efectiva – véase el objetivo 1.1)
La evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento de política ambiental contemplado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente desde 1988, y modificado en años subsecuentes, que se basa en el principio precautorio, para analizar a detalle las actividades, obras y proyectos de desarrollo y los sitios donde se pretenden realizar, con el propósito de identificar y cuantificar los impactos que su ejecución pueda ocasionar al ambiente. Con ella es posible establecer la factibilidad ambiental del proyecto (mediante el análisis costo-beneficio ambiental) y determinar, en caso de que se requiera, las condiciones para su ejecución, así como las medidas de mitigación de los impactos. En el caso de las áreas protegidas, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los tipos de proyecto que se remiten a las ANP para su evaluación y opinión calificada, con mayor frecuencia son los cambios de uso de suelo para fines turísticos, los proyectos con afectación a ecosistemas costeros, los carreteros, los proyectos mineros; es de esperarse que en el corto plazo se incremente el número de proyectos acuícolas. La manifestación de impacto ambiental (MIA) es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. Los impactos pueden ser relevantes, acumulativos, sinérgicos, y/o residuales. Otro instrumento que de acuerdo a la LGEEPA, permite regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos, es el ordenamiento ecológico del territorio. El estudio de Creación de Capacidades (2005-2007) identificó por tipo de ambiente, las principales amenazas a las áreas protegidas y son: ÁRIDO Ganadería extensiva Sobreexplotación de recursos hídricos y mantos acuíferos Introducción de especies exóticas en ecosistemas terrestres o acuáticos Especies invasoras y plagas Sobreexplotación de especies Erosión y degradación del suelo SELVAS Ganadería extensiva Erosión y degradación de suelos Cacería ilegal Explotación no planificada de recursos forestales Presión por malas prácticas turísticas Desarrollo urbano TEMPLADO Erosión y degradación de suelos Incendios forestales Desarrollo urbano Ganadería extensiva Tala clandestina Expansión de la frontera agrícola COSTERO Sobreexplotación de especies Ganadería extensiva Efecto de huracanes, sismos y actividad volcánica Cacería ilegal Desarrollo urbano Tala clandestina MARINO Sobreexplotación de especies Contaminación del Agua Efecto de huracanes, sismos y actividad volcánica Presión por malas prácticas turísticas (buceo, pesca) Desarrollo de infraestructura de turismo de alto impacto Erosión y degradación de suelos Estas amenazas constituyen puntos de atención prioritaria en los Programas de conservación y manejo de cada una de las áreas y se establecen los mecanismos de atención y gestión apropiados.

Objetivo	Meta	Criterios de Evaluación
2.1 – Promover la equidad y la participación en los beneficios	Establecer mecanismos de participación equitativa tanto en los costos como en los beneficios derivados de la creación y administración de áreas protegidas.	Mecanismos para la participación equitativa en los costos y en los beneficios generados del establecimiento de las áreas protegidas
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reconoce que la equidad de género es un asunto fundamental de los derechos humanos, la justicia social y una pre-condición para el desarrollo sustentable. Reconoce que existen responsabilidades diferenciadas para hombres y mujeres; siendo éstas las que realizan sus contribuciones a la familia, a la comunidad y a la sociedad, en condiciones de acceso desigual al control sobre los recursos y el uso de los mismos. El enfoque de desarrollo sustentable, desde una perspectiva de género considera la equidad entre hombres y mujeres como postulado básico y como condición fundamental para avanzar efectivamente hacia la sustentabilidad. Este enfoque pretende que ambos sean reconocidos como agentes de desarrollo y, por tanto, que tengan acceso a la toma de decisiones, a los recursos y a los beneficios que se deriven de estos en forma equitativa. Por ello, es necesario plantear acciones que aseguren la equidad entre los géneros y promover acciones a favor de la población femenina, que favorezca la conservación de los recursos naturales y el desarrollo en un marco de igualdad y justicia para hombres y mujeres. Por otro lado, es sabido que en las actividades productivas del campo y en el manejo de los recursos naturales las mujeres participan de manera destacada. Por ello, la CONANP, en Coordinación con la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), han venido realizando acciones para fortalecer la equidad de género entre la población rural de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Esta línea de trabajo se desarrolló en dos ámbitos fundamentalmente. Por una parte, en la incorporación de la perspectiva de equidad de género en los programas de trabajo de las ANP. Con este propósito se modificaron las reglas de operación de Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) y Programa de Empleo Temporal (PET) para hacer más explícito la orientación de los programas para no discriminar a las mujeres beneficiarias. Por otra parte, con la finalidad de proporcionar a los equipos técnicos de las ANP, información sobre el programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad 2002-2006 de la SEMARNAT y su aplicación en la formulación de proyectos con la recomendación de técnicas o instrumentos teórico-metodológicos adecuadas, así como distinguir los elementos básicos de la teoría de género, sus bases jurídicas y administrativas, con la finalidad de diseñar acciones bajo esta perspectiva, se desarrollaron talleres de sensibilización del enfoque de género. Se les capacitó y proporcionó material para aplicar las metodologías para el manejo ambiental de ANP con este enfoque, y para la realización de Diagnósticos socio-ambientales con enfoque de género. En el periodo del 2002 al 2006 se atendieron a equipos técnicos de 36 ANP. Otra de las líneas de trabajo en la materia, se desarrolló directamente con las mujeres y hombres beneficiarios de los subsidios de PET y PRODERS y demás habitantes en las ANP. En coordinación estrecha con el INMUJERES se realizaron trabajos directamente con mujeres rurales, pobladoras de las ANP. Así como talleres de capacitación en gestión de microempresas de mujeres jefas de familia, con el propósito de fortalecer sus posiciones como impulsoras de proyectos y se les apoyó para la constitución de redes para facilitar la comercialización de sus productos. Se buscó en primer término, atender los procesos básicos de la gestión empresarial, conciliándolo con la dimensión humana en que se desarrollan los procesos productivos y el papel de las mujeres en esos procesos. En los cuatro años en que se desarrolló este trabajo (2002-2006), se atendieron a mujeres habitantes de 36 ANP. Durante este período se ha capacitado a más de 800 microempresarias/os de comunidades rurales en procesos de gestión de su microempresa con perspectiva de género, que representa un total aproximado de 4,000 trabajadoras y trabajadores de estas ANP. Debe mencionarse que en el proceso de capacitación técnica en administración y gestión de sus microempresas no solo se ha incluido a las mujeres, sino también a hombres. En particular, la difusión y aplicación de la metodología con el grupo de mujeres, en el segundo semestre del 2004 se diseñó una estrategia de incorporación de grupos focales de hombres al proceso de capacitación de género, con talleres exclusivos de masculinidad para el desarrollo sustentable.

Objetivo	Meta	Criterios de Evaluación
2.2 – Intensificar y afianzar la participación de las comunidades indígenas y locales y de todos los interesados pertinentes.	Participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, respetándose plenamente sus derechos y reconociéndose sus responsabilidades, en consonancia con las leyes nacionales y las obligaciones internacionales aplicables; y la participación de otros interesados pertinentes en la gestión de las áreas protegidas existentes y en la creación y gestión nuevas áreas protegidas.	Entorno favorable (legislación, políticas, capacidades, recursos, tipos de gobierno, instrumentos) desarrollados para asegurar la participación de las comunidades indígenas y locales. Planes e iniciativas elaborados para la participación en la adopción de decisiones relativas a las fases de identificación, designación y gestión de la red de áreas protegidas – nivel de participación logrado.
Se ha fortalecido el funcionamiento de los espacios de participación, organización y concertación existentes en las Regiones Prioritarias para la Conservación, a través de los Consejos Asesores. De 160 ANP decretadas a la fecha existen 51 Consejos Asesores instalados. En 11 de ellos hay representación indígena. Bajo el instrumento de áreas certificadas, 13 de las 34 áreas son administradas por sus propios dueños y poseedores, que en estos casos son indígenas. La LGEEPA, prevé la promoción de la participación de los pueblos indígenas en el establecimiento, manejo, y el otorgamiento de la administración de las ANP a pueblos indígenas y otras organizaciones. No obstante es en la promoción donde se ha dado un crecimiento participativo de la población indígena de las ANP, a un nivel de que la inversión de los dos Programas de subsidios más importantes de la Conanp, ha crecido al 25%, aproximadamente, para población indígena. Entre las actividades que estos programas incluyen estudios, la planeación (incluyendo ordenamientos comunitarios), el fortalecimiento de la organización social, capacitación, inversión y ejecución de proyectos alternativos. El avance es aún bajo, debido a las grandes necesidades y a los escasos recursos de estos Programas, por lo que el trabajo interinstitucional se hace cada vez más importante y necesario, sumando esfuerzos y recursos, procurando siempre la participación de los pueblos indígenas de las ANP. Por parte de la CONANP ha habido un esfuerzo por brindar atención particular a la población indígena de las ANP, incluyendo la elaboración de diagnósticos y planes de trabajo para la población indígena en 7 ANP. En cuanto al marco legal, aún se requiere elaborar reglamentos, manuales o guías para su organización, operación y evaluación, que serán utilizados como base para la formulación de los reglamentos internos.

Objetivo	Meta	Criterios de Evaluación
3.2 – Crear capacidad para la planificación, creación y administración de áreas protegidas.	Se ejecutan programas e iniciativas de creación de capacidad amplias para desarrollar conocimientos y habilidades a los niveles individual, comunitario e institucional, y subir el nivel profesional.	Puesta en práctica de programas de creación de capacidades
Actualmente se esta llevando a cabo el análisis de desarrollo de capacidades, para el cual en 2005 se integró un equipo de trabajo compuesto por representantes de la CONANP, Pronatura-Chiapas A.C., The Nature Conservancy (TNC) y World Wildlife Fund (WWF). El primer acuerdo de este grupo de trabajo fue desarrollar el análisis en el concepto más amplio de capacidades, es decir, el citado análisis no se limita a las capacidades del personal, sino que incluye los aspectos financieros, infraestructura, equipamiento, personal y marco legal. La evaluación incluye un análisis de la situación actual del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas federal, a partir de diagnósticos regionales que se condujeron en las siete regiones administrativas establecidas por la CONANP (Noroeste, Noreste, Occidente, Centro Golfo, Pacífico Sur, Frontera Sur y Península de Yucatán). A nivel del Diagnóstico Regional, los objetivos específicos fueron: • Contar con la identificación de la capacidad institucional y de los recursos humanos actual en la gestión de Áreas Protegidas a nivel federal y estatal en las 7 regiones. • Identificar las necesidades y prioridades de desarrollo de capacidades. • Sistematizar los resultados del proceso en bases de datos y un reporte de los hallazgos, prioridades y oportunidades en la región. La realización de los diagnósticos regionales se dividió en 3 procesos, uno incluyó la obtención de la información básica existente de la región y de las áreas protegidas de cada región, segundo la aplicación de encuestas y cuestionarios sobre análisis institucional (regional y nacional) y de capacidades humanas aplicado al personal de la CONANP que labora en las áreas protegidas, a organizaciones civiles organizadas y sistemas estatales de áreas protegidas y un tercer proceso consistió en la realización de 7 talleres regionales en los que participaron los responsables de la administración de las áreas protegidas en la región, representantes de instituciones académicas, organizaciones civiles organizadas y funcionarios públicos de otros ordenes de gobierno, todos vinculados a las áreas protegidas. La metodología utilizada en los talleres fue “Metodología Evaluación Rápida de Efectividad del Manejo en Áreas Protegidas (RAPPAM)” de la WWF, la cual fue modificada por el grupo de trabajo en algunos de sus apartados para precisar las preguntas a tipo de manejo de las áreas protegidas mexicanas. Con los resultados de estos talleres se obtuvo una evaluación rápida sobre el manejo de las áreas protegidas federales. Actualmente se cuenta con los resultados de las diversas herramientas utilizadas para el análisis (entrevistas, encuestas, insumos de los talleres, datos proporcionados por la CONANP, los cuales están siendo revisados y analizados por el grupo de trabajo para generar los resultados nacionales sobre las capacidades que se requieren para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el grupo tiene programado terminar con este análisis durante 2007, para iniciar con la implementación de las recomendaciones en 2008.

Objetivo	Meta	Criterios de Evaluación
3.1 – Proporcionar un entorno de políticas, institucional y socioeconómico favorable para las áreas protegidas	Estudiar y revisar las políticas, según proceda, incluida la utilización de valoración social y económica e incentivos, para proporcionar un entorno favorable fortalecedor para un establecimiento y administración más eficaces de las áreas protegidas y sistemas de áreas protegidas.	Identificados los impedimentos principales (véanse las actividades en relación con este objetivo) para el establecimiento efectivo y a la gestión de áreas protegidas (al 2006). Medidas adoptadas para superar estos impedimentos.
Entre los impedimentos identificados están: Tenencia de la tierra Fuentes de financiamiento insuficientes Mayor rigidez en los lineamientos regulatorios del gobierno federal Mayor ingerencia de los grupos de intereses económicos y cambios continuos de partido en el poder a niveles local y estatal que están obstaculizando el establecimiento de nuevas ANP., Existencia de propietarios, sociales, particulares o corporativos que se oponen al establecimiento de ANP Desde su creación en el año 2000 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha cumplido con el compromiso asumido ante la sociedad, de coadyuvar en la conservación de la biodiversidad con que cuenta nuestro país. Al inicio de la administración del poder ejecutivo (2000 – 2006) se buscó incorporar al esquema de áreas protegidas el equivalente al 10 por ciento del territorio nacional (20 millones de hectáreas). De esta forma, el Gobierno Federal da muestras de un compromiso serio por la conservación de la megabiodiversidad del país. Derivado de su condición de país megadiverso, la CONANP ha asumido una gran responsabilidad ante foros regionales y multilaterales, cooperando internacionalmente para fortalecer sus principales líneas de acción en materia de protección, manejo y restauración para la conservación de las áreas protegidas y especies prioritarias. Se está trabajando en la consolidación de las Áreas Naturales Protegidas del país en siete regiones, Península de Yucatán, Frontera Sur, Noroeste, Noreste, Occidente, Centro Golfo y Pacífico Sur, a través de una reasignación de funciones en oficinas centrales, de personal y de recursos, para ejecutar las tareas de conservación directa (protección, manejo sustentable y restauración) en las ANP e indirecta (cultura conservacionista, conocimiento y gestión) en las oficinas regionales. Además, de impulsar mecanismos de planeación estratégica que faciliten la integración de las tareas de conservación directa e indirecta, encaminados a atender la problemática ambiental, social y económica de las regiones. En el rubro presupuestal, se lograron avances importantes con entidades, sector académico, organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades que habitan en las áreas protegidas. A fin de alcanzar niveles nacionales promedio de inversión por hectárea del orden de 5 dólares, se debe dar continuidad al reforzamiento de la participación de la sociedad civil organizada así como de comunidades rurales e indígenas y propietarios privados en la conservación. De la misma forma, se requiere ampliar el impulso a la participación de los estados, no en un afán de transferencia de responsabilidades sino de concurrencia en esquemas de coadministración. Se busca impulsar, ampliar y operar las áreas protegidas de carácter local y asegurar que estén integradas en verdaderos sistemas regionales de conservación, manteniendo la concurrencia en las áreas protegidas federales e impulsando la creación de más áreas protegidas estatales, municipales, comunitarias y privadas. Es tan importante el tema de la participación y que se amplíe la transversalidad de las políticas y acciones de gobierno para que contribuyan al logro de la conservación y la sustentabilidad. El gran reto sigue siendo la solidaridad y equidad de la sociedad con la conservación y en particular con las comunidades rurales e indígenas y los propietarios de las tierras sujetas a los diversos regímenes de conservación. En el periodo 2007 – 2012 el gobierno federal ha señalado claramente el rumbo a seguir, a través de cinco compromisos con la conservación: Consolidación y ampliación de las áreas protegidas. Conservación de especies en riesgo. Impulso al turismo de naturaleza. Mejorar la vida a las comunidades en las áreas protegidas y prioritarias para la conservación. Fomentar una cultura de la conservación para la sustentabilidad.