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| JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE MADRID AUDIENCIA NACIONAL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 130/2011 BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS.
Madrid, 17 de Junio de 2011
funciones de Guardia se presentó en fecha 14.06.2011 por el Ministerio Fiscal denuncia contra los identificados como HUSSEIN SALEM FAWZI, KHALED
como sobre el identificado como ALI EVSEN, de nacionalidad turca, basándose en informes por la presunta participación de los mismos en una seria de actividades de carácter ilícito encaminadas al blanqueo de dinero procedente de delitos previos.
Según la información facilitada por la Unidad encargada de la investigación, HUSSEIN SALEM FAWZI, en su calidad de empresario, entre los años 2007 a 2010 se concertó con el ministro de petróleo de Egipto FAHMI AMIN SAMEH SAMIR y otros para vender gas a través de la sociedad MEDITERRANEAN SEA GAS CO por debajo de su precio establecido en Egipto obteniendo beneficios cifrados en varios millones de dólares. Por motivo de esta circunstancia, las Autoridades Egipcias expidieron la correspondiente Orden de Detención Internacional contra el mencionado HUSSEIN SALEM FAWZI, de la que está conociendo el Juzgado Central de Instrucción número Seis de esta Audiencia Nacional quien incoo el oportuno Procedimiento Extradicional.
Igualmente la Fuerza Actuante ha puesto en conocimiento que el mencionado y varios miembros de su familia, entre los que se encuentra su hijo KHALED SALEM ISMAIL han venido recibiendo en cuentas abiertas en España, concretamente en la entidad BANKINTER más de DIECISIETE MILLONES DE EUROS (17.000.000 €) remitidos por el identificado como ALI EVSEN desde Albania (empresario turco vinculado a la familia SALEM y que habría sido el adquirente en el año 2008 de las participaciones de la sociedad MEDITERRANEAN SEA GAS CO, pagándose con la venta de terrenos inmobiliarios urbanos en Azerbayán, país donde ALI EVSEN desarrolla parte de su actividad empresarial). Estos movimientos de dinero se intentaron justificar mediante tres contratos de préstamo a 12 años y al cero por ciento de interés del mencionado ALI EVSEN a HUSSEIN SALEM FAWZI y a su hijo KHALED
2 SALEM ISMAIL, existiendo indicios suficientes que indican que tales fondos proceden de la ilícita actividad desarrollada por HUSSEIN SALEM en Egipto y por la que se sigue procedimiento penal por estafa en dicho país, que motiva la petición de extradición y detención internacional cursada contra el mismo, y que a través de los citados contratos de préstamo se estaría encubriendo la operativa indiciariamente delictiva detectada, en cuanto al trasvase a la familia SALEM de fondos de presunta procedencia ilícita.
Estos fondos, posteriormente se sospecha que podrían estar destinados para financiar importantes inversiones de carácter inmobiliario que serían efectuadas por los familiares de HUSSEIN SALEM, quienes según la información bancaria remitida, presentaban a fecha 6.06.2011 en diferentes cuentas de Bankinter, posiciones patrimoniales en 6 de sus miembros, así como en la sociedad DNH CONSULTORES INTERNACIONALES (vinculada a los detenidos HUSSEIN SALEM y KHALED SALEM), por importe conjunto superior a los 24 millones de Euros (incluyendo una cuenta a nombre de ALI EVSEN con dinero retenido para ser destinado a HUSSEIN y a su hijo KHALED)
Por estos motivos, en fecha 15.06.2011, previa autorización de diversos mandamientos de entrada y registro en los domicilios de los mencionados, se procedió a la detención de las tres personas mencionadas en el párrafo primero, que en el día de la fecha, han pasado a disposición de este Juzgado, una vez turnadas las actuaciones por el Juzgado Central de Instrucción Decano, recibiéndoseles declaración con el resultado que ha quedado debidamente registrado de forma audiovisual, para su posterior trascripción a soporte papel e incorporación a la causa.
Celebrada la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Ministerio Fiscal ha interesado la prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres detenidos en base a los hechos objeto de imputación.
El Letrado ha solicitado su libertad por los motivos que constan en el acta, interesando de manera subsidiaria la adopción de libertad provisional bajo fianza, en tanto que los detenidos han mostrado su conformidad con lo solicitado por su letrado.
con acogimiento expreso en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 502 y siguientes, básicamente 502, 503 y 504), a que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de comisión de una presunta actividad delictiva con una determinada previsión penológica (“que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que
3 presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso”) y su atribución a persona determinada (“que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión”); como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida (deber estatal de perseguir eficazmente el delito –evitando la desaparición de las fuentes de prueba, impidiendo la huida o fuga del presunto responsable, haciendo inocua toda actividad que tienda a obstruir la actuación de la Justicia, evitando que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, impidiendo el riesgo de reiteración delictiva-, por un lado; y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro); y, como objeto, que se la conciba, en su adopción, y en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos.
El artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija: “2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. 3. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta”.
El artículo 504.1. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala: “La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron la adopción”. Y dichos fines se precisan en el apartado 3 del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “3º. Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
racionalmente un riesgo de fuga.
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.
Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por
4 cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.
relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.
No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación. Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.
c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1º de este apartado.
También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.
Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.
Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad.”
El artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recoge: “1. Las resoluciones que se dicten sobre la situación personal del imputado adoptarán la forma de auto. El auto que acuerde la prisión provisional o disponga su prolongación expresará los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción.
2. Si la causa hubiere sido declarado secreta, en el auto de prisión se expresarán los particulares del mismo que, para preservar la finalidad del secreto, hayan de ser omitidos de la copia que haya de notificarse. En ningún caso se omitirá en la notificación una sucinta descripción del hecho imputado y de cuál o cuáles de los fines previstos en el artículo 503 se pretende conseguir con la prisión.
5 Cuando se alce el secreto del sumario, se notificará de inmediato el auto íntegro al imputado.
3. Los autos relativos a la situación personal del imputado se pondrán en conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito cuya seguridad pudiera verse afectada por la resolución.”
prisión provisional incondicional de HUSSEIN SALEM FAWZI, KHALED SALEM ISMAIL y ALI EVSEN. Efectuado el juicio de proporcionalidad y necesidad respecto de las medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal, estima este instructor que, al presente estadio procesal, concurren las circunstancias necesarias fijadas en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión provisional respecto de los imputados, si bien con las salvedades que posteriormente se dirán:
En primer término, los hechos investigados en la presente causa permiten tener por indiciariamente acreditados respecto a los imputados, determinados hechos que revisten evidentes caracteres de graves delitos, siendo presuntamente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal (en cuanto a la operativa de transacciones económicas procedentes de ALI EVSEN y con destino en la familia SALEM detectadas en España, siendo el presunto delito antecedente el de fraude o estafa, por el que se sigue procedimiento contra HUSSEIN SALEM en Egipto), sin perjuicio de que el conjunto de hechos investigados, aún en estado incipiente de la instrucción, si bien como se indica en la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal, y tomándose en consideración las conductas que habrían podido cometerse en territorio egipcio, con posterior repercusión en España, los hechos también pudieran ser constitutivos de los delitos de Corrupción en las transacciones comerciales internacionales del artículo 445 en relación con un delito de Cohecho del artículo 419 y un delito de Fraude del artículo 436, todos ellos del Código Penal, previéndose en el Cuerpo Legal una elevada penalidad para tales tipos, superando en todo caso las previsiones penológicas contenidas en el art. 503 de la LECrim.
La participación de los detenidos en las conductas imputadas se deduce del conjunto de los indicios recopilados hasta ahora en la presente instrucción, estando conformado dicho patrimonio incriminatorio por el conjunto documental obrante en la causa, y más específicamente por los informes policiales emitidos sobre su actividad económica, así como el análisis practicado sobre los instrumentos financieros utilizados para conseguir sus ilícitos objetivos.
En cuanto a las finalidades a conjurar con la prisión provisional (siguiendo la doctrina recogida, por todas, en Sentencia del Tribunal Constitucional 35/07 de 12 de febrero de 2007), este Instructor aprecia que en una primera aproximación, y sin
6 perjuicio de las matizaciones que posteriormente se razonarán, existe un evidente riesgo fundado de huida y efectiva sustracción a la acción de la Justicia en este concreto momento procesal, que concurre en todos los detenidos a la vista de la gravedad de los delitos que se les imputan, así como de los intereses financieros y comerciales que mantendrían en otros países distintos a España, de modo que su puesta en libertad, sin adopción de medida cautelar alguna, podría favorecer el riesgo de huida, tratando de obstruir la actuación judicial.
Sin embargo, las conclusiones anteriores deben ser matizadas respecto de todos los detenidos, en virtud de las circunstancias puestas de manifiesto en el día de hoy en las comparecencias celebradas en el Juzgado, en el sentido en que se razonará a continuación, al entender este instructor que el conjunto de indicios de presunta participación criminal existentes sobre los mismos, sin perjuicio de resultar sólidos para fundamentar la prisión, no deben impedir una valoración individualizada de las circunstancias personales familiares y patrimoniales concurrentes en cada uno de ellos, que en base a lo dispuesto en los artículos 531, 539 y concordantes de la LECrim., han de permitir la adopción de medidas alternativas menos gravosas a la de prisión provisional incondicional y sin fianza:
a) Así, en cuanto a los detenidos HUSSEIN SALEM FAWZI y KHALED SALEM ISMAIL, se ha acreditado suficiente arraigo familiar y social en España, contando ambos con la nacionalidad española y habiendo residido varios años en nuestro país, donde también se encuentra su familia y donde radican parte de sus propiedades (patrimonio que al presente estadio ha sido bloqueado por orden judicial). Asimismo concurre en HUSSEIN SALEM un delicado estado de salud, según se acredita a través de informes médicos de parte, así como en los informes emitidos por la médico forense, que deben disminuir la posibilidad de que el mismo se sustraiga a la acción de la justicia, pese a la gravedad de las imputaciones que sobre él pesan.
b) En cuanto al detenido ALI EVSEN, pese a carecer el mismo por completo de arraigo en España, ya que se encontraba de viaje en nuestro país en el momento de su detención ocupando una habitación de hotel, a través de las manifestaciones obrantes en su declaración, así como por la documental aportada en la causa, se tiene constancia de su condición de empresario con múltiples intereses comerciales en el extranjero, y con una situación patrimonial suficientemente solvente como para poder hacer frente a una elevada fianza que minore la gravedad de la privación de su libertad que supondría la prisión provisional incondicional, fijándose medidas alternativas a la prisión que permitan su efectivo control por parte del Juzgado a fin de evitar su sustracción a la acción de la justicia.
En consecuencia, debiendo ponderarse y equilibrarse los intereses en conflicto mediante la fijación de una fianza como condición para decretar la libertad provisional en la causa de los anteriores detenidos, y atendiendo a lo dispuesto en el
7 art. 531 de la LECrim., se estima procedente fijar la misma en las siguientes cantidades:
MILLONES DE EUROS (12.000.000 €). Respecto de KHALED SALEM ISMAIL, la cantidad de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 €). Respecto de ALI EVSEN, la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DE EUROS (18.000.000 €).
En todos los casos, de consignarse la fianza, los inculpados quedarán sometidos a las medidas aseguratorias que se fijen en el auto que declare bastante la fianza, que comprenderán en todo caso las siguientes: prohibición de salida del territorio español, con entrega del pasaporte en el plazo de 24 horas ante este Juzgado Central de Instrucción desde que alcanzase su libertad; presentación diaria ante el Juzgado de Instrucción o Comisaría de Policía Nacional más cercana a su domicilio; fijación de un teléfono donde poder ser localizados inmediatamente en España; fijación de un domicilio en España (toda variación del mismo habrá de ser comunicada inmediatamente a este Juzgado); indicación de una persona (con domicilio de la misma y teléfono de contacto) para recibir cualquier tipo de notificación, citación o emplazamiento que se haga al imputado en libertad provisional.
Por lo expuesto, vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación DISPONGO
FAWZI, KHALED SALEM ISMAIL y ALI EVSEN eludible previa prestación de fianza en las siguientes cuantías:
MILLONES DE EUROS (12.000.000 €). Respecto de KHALED SALEM ISMAIL, la cantidad de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 €). Respecto de ALI EVSEN, la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DE EUROS (18.000.000 €).
En todos los casos, de consignarse la fianza, los inculpados quedarán sometidos a las medidas aseguratorias que se fijen en el auto que declare bastante la fianza, que comprenderán en todo caso las siguientes: prohibición de salida del territorio español, con entrega del pasaporte en el plazo de 24 horas ante este Juzgado Central de Instrucción desde que alcanzase su libertad; presentación diaria ante el Juzgado de Instrucción o Comisaría de Policía Nacional más cercana a su domicilio; fijación de un teléfono donde poder ser localizados inmediatamente en
8 España; fijación de un domicilio en España (toda variación del mismo habrá de ser comunicada inmediatamente a este Juzgado); indicación de una persona (con domicilio de la misma y teléfono de contacto) para recibir cualquier tipo de notificación, citación o emplazamiento que se haga al imputado en libertad provisional.
Líbrense los mandamientos oportunos y fórmense Piezas Separadas de Situación.
Notifíquese al Ministerio Fiscal, a los imputados y a su representación letrada.
Así lo acuerda, manda y firma D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco. Doy fe. E/
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
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