Acuerdo y sentencia numero trescientos diez y seis


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL



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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL


R E S U E L V E:

1.- RECHAZAR el recurso de aclaratoria, interpuesto por el Sr. Luis Torres, conforme al exordio de la presente resolución.----------------

2.- APERCIBIR a la Abogada María I. Candia de Hermosilla, con anotación en su legajo correspondiente.---------------------------------------

3.- ANÓTESE, regístrese y notifíquese.--------------------------------
Ante mí:

Expediente: “Francisco Jesús Enrique José Pecci Manzoni c/ resolución N° 518, Art. 2° del 12/julio/99, dict. por la Contraloría General de la República”.---------

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. JERONIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO Y FELIPE SANTIAGO PAREDES, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “Francisco Jesús Enrique José Pecci Manzoni c/ resolución N° 518, Art. 2° del 12/julio/99, dict. por la Contraloría General de la República”, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 52 de fecha 31 de marzo de 2000, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en todas sus partes.-------------------

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; ---------------------------------------


C U E S T I O N E S:
¿Es nula la sentencia apelada?.-----------------------------------------------------

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho?.---------------------------

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES.-----

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. RIENZI GALEANO dijo: El recurrente declinó expresamente del recurso de nulidad. Por lo demás no se advierten en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia tener por desistido este recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------

A su turno los Dres. IRALA BURGOS y PAREDES, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.------------------------------



A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. RIENZI GALEANO prosiguió diciendo: El Abogado Oscar Germán Latorre Cañete, por el Doctor Francisco Jesús Enrique José Pecci Manzoni, inició demanda contencioso administrativa para obtener la revocatoria de la Resolución N° 518 de fecha 12 de julio de 1999, de la Contraloría General de la República, específicamente el Artículo 2°, que dispuso: “Designar al Sr. GUSTAVO RAÚL GÓMEZ CABALLAR, como Síndico de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), en reemplazo del Doctor Francisco Pecci Manzoni, por término de mandato, a quien se le da las gracias por los servicios prestados”.----------------------------------------------------------

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 52 de fecha 31 de marzo de 2000 resolvió: “HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRAIVA, deducida por el Sr. FRANCISCO JESÚS ENRIQUE JOSÉ PECCI MANZONI C/ RESOLUCIÓN N°18, ART. 2° DEL 12/JULIO/99, DICT. POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. En consecuencia, revocó el numeral dos de la parte resolutiva de dicha resolución, e impuso las costas a la perdidosa. (fs. 202/209).----------------------------------------------

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, al hacer lugar a la presente demanda contenciosa, con costas, resalta como principal fundamento que: La entidad demandada sostiene que el Dr. Pecci Manzoni, carece de tal protección normativa (estabilidad en el cargo) por cuanto el mismo fue nombrado por el Poder Ejecutivo y no por el actual Contralor General de la República. Es decir que el Dr. Pecci fue designado por un órgano incompetente... En el caso de autos, el Contralor General de la República en ningún momento cuestionó la incompetencia del antiguo Contralor (Guillen) en el caso del nombramiento del Dr. Pecci Manzoni, permitiendo que el mismo actúe en sus funciones en base a un acto que ahora pretende cuestionarlo en razón de su incompetencia originaria... Resulta obvio que el Contralor General de la República entonces Dr. Rubén Dario Guillen Gaona, ratificó en uso de su competencia jurídico funcional, los Decretos Nros.4426/94 y 4607/94, al emitir la Resolución N° 172 de fecha 25 de julio de 1994... Existe el nombramiento del Dr. Pecci mediante un acto administrativo válido de hace cinco años atrás que creó una expectativa sería de comportamiento futuro y ahora aparece una pretensión (res. 518/99 Art. 3) contradictoria con dicha conducta, atribuible al mismo sujeto (la Contraloría General de la República)... Esta segunda conducta... no respeta la norma contenida en el Art. 31 de la ley 276/94 que garantiza la permanencia en el cargo y estabilidad a partir del primer año de su nombramiento y a quienes solo puede separárselos del servicio por las causales establecidas en el Reglamento Interno del Personal de la Institución, previa instrucción del sumario correspondiente. Finaliza mencionando el alcance del Artículo 61 de la Ley 200/70 y otorgando una indemnización de 6 meses de salarios por razones de equidad.------------------------------------------------------------------------

El Abogado RODRIGO YODICE, en representación de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al fundar el recurso de apelación interpuesto contra la citada resolución, previo desistimiento expreso del de nulidad, manifiesta, de acuerdo a las constancias de autos (fs. 216/239), lo siguiente: “El acto recurrido amplía el ejercicio de la función pública de un agente cuyo nombramiento fue por el plazo de cinco años. El Acuerdo y Sentencia N° 52/2000, constituye un nefasto antecedente para la autonomía funcional y administrativa de la Contraloría General de la República, porque es un pronunciamiento judicial que prorroga las funciones públicas del accionante, cuando en realidad estas habían concluido por imperio del primigenio acto administrativo que le confirió calidad de funcionario público y lo que es más, permite al actor perpetuarse en la ostentación del cargo de Síndico ante un órgano de la Administración Pública... Es así que el Doctor Pecci Manzoni adquiere la condición de Funcionario Público, por el nombramiento de una autoridad administrativa competente, como sin duda lo era el Poder Ejecutivo, órgano que en virtud de leyes especiales que reglamentan orgánicamente las instituciones de la Administración Pública, tenía la plena potestad para la designación de los Síndicos en los diversos estamentos del sector público...; en ningún momento se ha puesto en duda la competencia del Poder Ejecutivo para designar Síndicos ante distintos órganos de la Administración Pública ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 276/94... Es cierto que esta decisión administrativa que le confirió calidad de funcionario al actor fue confirmada por la Contraloría General de la República, pero sin que ello pudiera modificar el plazo de tiempo para el ejercicio efectivo de las funciones de Síndico asignadas al Doctor Pecci Manzoni...; es bien claro que la Contraloría no puede conceder un mejor derecho que el originalmente concebido por el órgano que le invistió de la condición de funcionario público... Es evidente que estos agentes fueron notificados del contenido del acto administrativo que les confirió calidad de funcionarios públicos y también es irrefutable que los mismos SUPIERON Y CONSINTIERON las condiciones impuestas por el órgano que les otorgaba la calidad de servidores públicos por el plazo de cinco años,... el accionante jamás estuvo sujeto al procedimiento de nombramiento del personal de la Contraloría de la República y cuya designación fue, en virtud a la voluntad del órgano administrativo que le confirió la calidad de funcionario público, por un plazo de tiempo limitado”.-------------------------------------------------------------------------------

El Abogado OSCAR GERMÁN LATORRE CAÑETE, en representación del señor FRANCISCO JESÚS ENRIQUE JOSÉ PECCI MANZONI, en su escrito de contestación del recurso, obrante a fs. 240/249 de autos, manifiesta que es innegable que, en virtud de la Ley N° 276/94 y, fundamentalmente, de lo dispuesto en la Resolución C.G.R. N° 170, los Síndicos que fueron designados por Decreto del Poder Ejecutivo podían ser o no confirmados por el Contralor General. Por consiguiente, es obvio que el Dr. Pecci Manzoni fue confirmado en virtud del ejercicio de la potestad legal conferida al Contralor General de la República, y no como un simple “cumplimiento de un acto administrativo cuya validez no podía ser objetada”. En otros términos, el nombramiento del Dr. Pecci Manzoni fue confirmado por el Contralor General de la República, única y exclusivamente porque aquel reunía las condiciones de idoneidad y honorabilidad para ocupar el cargo; el hecho de que el actor se haya desempeñado por cinco años como Síndico de la DINAC no fue una concesión graciable del Contralor, como tampoco puede ser calificada como una actitud respetuosa ante una decisión anterior del Poder Ejecutivo; si el Dr. Pecci Manzoni asumió el cargo, fue única y exclusivamente porque luego de satisfacer las exigencias contempladas en la Resolución N°170 de la Contraloría General de la República, fue confirmado en el cargo, con el alcance de un nuevo nombramiento, pues ese es el sentido que debe darse a la “confirmación”... En el caso particular de los Síndicos, confirmados (por ende, designados) por el Contralor General de la República en virtud de las facultades que le son conferidas por el artículo 38 de la Carta Orgánica, integran la estructura orgánica de la institución y, como tales, gozan de la estabilidad en el desempeño del cargo, luego de un año de su nombramiento... Reitero y resalto que si bien el nombramiento fue inicialmente por un período de cinco años, con la vigencia de la Ley N° 276 y con las Resoluciones Nros. 270 y 272..., definitivamente el Dr. Pecci Manzoni ingresó a pertenecer al cuadro de personal permanente..., alcanzando su estabilidad al año de asumir funciones.-------------------------------------------------------

En vista a resolver la cuestión, debemos previamente hacer un estudio acabado tanto de los antecedentes del caso como de la legislación aplicable, y así tenemos: -------------------------------------------------------------------------------------------

Que, por Decreto del Poder Ejecutivo N° 4426 del 27 de junio de 1994 se designaron Síndicos en Instituciones del Sector Público, en cuyo Art. 1°, apartado 13, se encuentra el actor de esta demanda, Doctor FRANCISCO PECCI MANZONI, ante la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC); y el Art. 3° estipula que ejercerán sus funciones por el plazo de cinco años. (fs. 26). Posteriormente, por Decreto N° 4607 del 12 de julio de 1994 se modificó el Art. 1° del Decreto citado sin que afecte la situación del actor. (fs. 24/25). Asimismo, en ese ínterin, el 8 de julio de 1994 se promulgó la Ley N° 276 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República, bajo cuya vigencia, y esto es muy importante, el Contralor General de la República dictó la Resolución N° 170 de fecha 22 de julio de 1994, por el cual dispuso que los Síndicos designados en los distintos organismos e instituciones del Estado presenten documentaciones personales, conforme a los Arts. 21 y 38 de la Ley 276/93, recientemente promulgada, en ese entonces, pues, la designación, confirmación o cese de funciones de los mismos, es atribución de la Contraloría General, estableciendo en su Art. 2° in-fine para su evaluación correspondiente, a efectos de su confirmación. (fs. 75).-----------------------------------------------------------

Por Resolución N° 172, del 25 de julio de 1994, dictada por el Contralor General de la República, se resolvió fijar el día de posesión de cargos de los Síndicos designados por el Decreto N° 4426 citado, y en el Art. 4° expresa: Los Síndicos designados, cumplirán sus tareas de Auditoría y Fiscalización, de acuerdo a funciones, atribuciones y responsabilidades acordándoles por el Artículo 38 de la Ley N° 276/93. (fs. 76).--------------------------------------------------------------------------

El Art. 38 de la Ley N° 276/93 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República expresa: “Los síndicos asignados por Ley para el control y fiscalización de organismos e instituciones del Estado, serán designados por la Contraloría General de la República. Ejercerán sus funciones conforme a la Ley y responderán ilimitada y solidariamente con los responsables de la repartición pública cuya auditoría y fiscalización se les confía, por actos y documentos que verifiquen y autoricen. Sus remuneraciones formarán parte del Presupuesto General de Gastos de la Contraloría”.------------------------------------------------------------------

El Art. 21: “Corresponde al Contralor General: a)... b)... c)... d) Nombrar al personal de conformidad a lo establecido en esta Ley”.--------------------------------

El Art. 30 señala: “Los funcionarios de la Contraloría General deberán ser altamente técnicos y calificados, y pueden ser permanentes o de libre nombramiento y remoción”.--------------------------------------------------------------------

El Art. 31 estipula: “Los funcionarios permanentes gozarán de estabilidad en el desempeñó de sus cargos, cumplido un año de su nombramiento. Transcurrido dicho plazo, sólo podrán ser separados del servicio, por las causales establecidas en el Reglamento Interno del Personal de la Institución, previa instrucción del sumario correspondiente”. Lo cual se repite expresamente en el Art. 2° del Reglamento Interno del Personal de la Contraloría General de la República, agregado a autos, aprobado por la Resolución N° 197 del 21 de julio de 1995 (fs. 27).---------------------

Dicho Reglamento dice en su Art. 10: “El Personal con funciones de carácter permanente se clasifica en las siguientes categorías: a. Personal Superior b. Personal Técnico. c... d...” y en su Art. 12: “El Personal Técnico estará conformado por Egresados Universitarios, con Títulos Universitarios expedidos por Universidades Estatales o Privadas habilitadas como tales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, o expedidos por Universidades Extranjeras debidamente revalidados, cuyos servicios sean necesarios en la Institución. Se considera equiparado al personal técnico todos los funcionarios que a la fecha de la aprobación del presente Reglamento estén cumpliendo dichas funciones”.------------- El reemplazo en el cargo ante la DINAC del Doctor FRANCISCO JESÚS ENRIQUE JOSÉ PECCI MANZONI se fundó, básicamente, en el transcurso del tiempo para el cual había sido nombrado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo, citado antecedentemente, y el representante de la Contraloría General se esmera en sostener que fue cumplido ese término por respeto a la potestad de nombramiento que tenía el Poder Ejecutivo, sin embargo, se observa, atento a las constancias de autos, que inmediatamente designados por el Decreto del Poder Ejecutivo los Síndicos ante los distintos Entes del Estado, éstos fueron sometidos a la presentación de documentos para su evaluación correspondiente, a efectos de su confirmación, y recién posterior al cumplimiento de esos recaudos, fue fijada la fecha de posesión de cargo de los Síndicos designados por el Decreto N° 4426 de fecha 27 de junio de 1994.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluar significa valorar, en este caso a una persona, sería una suerte de contrastación, de concurso, establecer los merecimientos de la persona, ¿acaso eso ya no hizo el Poder Ejecutivo?, ¿Qué hubiera pasado si un Síndico cualquiera no hubiera cumplido con los requisitos establecidos en las dos resoluciones de la Contraloría General?. He aquí mi opinión, en el intermezzo entre el nombramiento y la posesión de cargo, se implementó una lex nueva, que transfirió la designación a la Contraloría General de la República.----------------------------------------------------------

Es así que al ingresar los Síndicos de los Entes Públicos bajo el ámbito de designación de la Contraloría General de la República, de quien dependen, ello implica para los mismos acceder, tanto al cumplimiento de las obligaciones como al goce de los derechos establecidos en su ley orgánica y funcional, inclusive se observa en el expediente que rola por cuerda separada, que los sumarios administrativos de estos funcionarios son realizados por resolución del Contralor General de la República, no de la Institución ante la cual ejercen la fiscalización y control, lo cual aparte de lógico me parece una correcta aplicación de la ley y de los fundamentos constitucionales que sostienen la institución Contraloría General de la República.------------------------------------------------------------------------------------

Todo esto me lleva a la convicción de que el Doctor FRANCISCO JESÚS ENRIQUE JOSÉ PECCI MANZONI se desempeñaba como Síndico de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), designado con calidad de funcionario permanente y dependiente de la Contraloría General de la República, conforme a lo estipulado en el Art. 38 de la Ley 276 citado precedentemente y al Art. 37 de la Ley 73/90 Que aprueba, con modificaciones, el Decreto-Ley N°25/90, “Que crea la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)”: “El movimiento financiero y administrativo de la DINAC será fiscalizado por un Síndico Titular y un Suplente, designados por el Poder Ejecutivo, en base a una terna presentada por el Colegio de Doctores en Ciencias Económicas, quienes dependerán de la Contraloría Financiera de la Nación”.-----------------------------------------------------------------------

Pues al pertenecer al cuadro de funcionarios de la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido por el Art. 31, adquieren la estabilidad en el desempeño de sus cargos, cumplido un año de su nombramiento. Y solamente, podrán ser separados del servicio por las causales establecidas en el Reglamento Interno del Personal de la Institución, previa instrucción de sumario.--------------------

El actor estuvo desempeñándose en el cargo por un lapso de tiempo mucho mayor que el requerido por la Ley N° 276/93 para adquirir estabilidad, por lo que, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias supracitadas, no cabe dudas que el accionante pertenece al plantel permanente de la Contraloría, especialmente por haber sido evaluado por el Contralor, previo a su asunción al cargo. Consecuentemente, para su remoción, debió procederse a la instrucción del previo sumario administrativo.--------------------------------------------------------------------------

La Resolución emanada de la Contraloría General de la República es un acto administrativo definitivo, al que le falta el basamento de los actos preparatorios exigidos por la ley para su validez. “El acto ha sido producido por un funcionario competente y con observancia de las formas, pero su contenido lo ha puesto en contradicción con ciertas prescripciones de una norma de fondo que reglaba las facultades del Agente” – Manuel Argañaraz, Tratado de lo Contencioso Administrativo, Pág. 429.-----------------------------------------------------------------------

Es sabido que la Administración Pública debe actuar con sometimiento pleno a la ley, al derecho y al ordenamiento jurídico vigente. Sólo de esta forma puede respetar los cánones impuestos por el principio de legalidad.----------------------

La Constitución Nacional establece en el Art. 102 De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos: “Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”. Concordantemente, el Art. 94 reza: De la estabilidad y de la indemnización: “El derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de despido injustificado”.-------------------------------------------------------------

En conclusión, por los fundamentos que he expuesto precedentemente, está ajustado a derecho revocar el artículo donde se reemplaza en el cargo al Doctor FRANCISCO JOSÉ ENRIQUE JOSÉ PECCI MANZONI.--------------------------------

Finalmente, en cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la perdidosa en ambas instancias, por el hecho objetivo de la derrota.-----------------------------------

Que en base a las consideraciones expuestas precedentemente, voto por la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 52 de fecha 31 de marzo de 2000, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en todas sus partes.-----------------------------

A su turno los Dres. IRALA BURGOS y PAREDES, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.------------------------------

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ----


Ante mí:


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