EstratEgia NacioNal y PlaN dE accióN Para la coNsErvacióN dE la BiodivErsidad dEl Paraguay 2015-2020
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1. Revisar actualizar
el marco legal e institucio-
nal ambiental. .
2. Aplicar la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental como instrumento que asegure el
desarrollo de proyectos ambientalmente sos-
tenibles.
3. Mejorar la coordinación interinstitucional del
sector público responsable de la aplicación del
marco regulatorio ambiental vigente.
4. Mejorar los procesos institucionales adminis-
trativos y legales que optimicen la implementa-
ción de la legislación ambiental.
5. Fortalecer y mejorar las instancias de fiscali-
zación y control como mecanismos que asegu-
ren el desarrollo sostenible.
6. Direccionar las políticas públicas con proyec-
tos que puedan ayudar a aliviar o eliminar la
pobreza en base al uso sostenible de los recur-
sos naturales.
Sistematización electrónica de toda la información referente
a las leyes y sus reglamentaciones así como sus organismos
de aplicación.
Establecimiento de un grupo de trabajo multidisciplinario
para la revisión de las normativas legales relacionadas con la
diversidad biológica
Armonizar con el MERCOSUR las legislaciones, identificar
vacíos y debilidades
Mejoramiento continúo de los trámites relacionados con la
Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA).
Cumplir con plazos establecidos en los trámites de la EvIA y
agilizar los trámites
Establecimiento de un fluido intercambio de informaciones,
datos, sugerencias y consultas con el gremio de profesionales
ambientales y, en especial, con los miembros interesados en
la problemática de la diversidad biológica.
Fortalecimiento del Centro de Datos para la Conservación
con el fin de centralizar la información y difusión de la misma.
Establecimiento de enlaces de cooperación y coordinación
ente instituciones públicas y privadas nacionales e interna-
cionales.
Realización de las reestructuraciones consideradas necesa-
rias tanto en el marco regulatorio como en los organismos
de aplicación, otorgando los recursos necesarios para el
cumplimiento de las funciones y atribuciones.
Fortalecimiento de las instituciones receptoras de denuncias
referentes al tema ambiental en general.
Optimización de la administración de los recursos financie-
ros del Estado, promoviendo su mejor utilización con la efec-
tiva descentralización de los mismos.
Fortalecimiento institucional para realizar el seguimiento y
monitoreo de la ejecución de los proyectos referentes a la
diversidad biológica, apoyado en el marco legal pertinente.
Base de datos con información referente a las leyes y
sus reglamentaciones, así como sus organismos de apli-
cación.
Funcionamiento del grupo de trabajo para la revisión de
normativas legales.
Legislaciones del MERCOSUR armonizadas con vacíos y
debilidades identificadas.
Las medidas de mitigación propuestas como resultado
de la aplicación de la EvIA son efectuadas por los pro-
ponentes y monitoreadas por la autoridad de aplicación
con acciones y responsabilidades definidas.
Mejoramiento del marco institucional ambiental tanto
en el ámbito gubernamental como no gubernamental.
Cumplimiento efectivo del marco legal ambiental en si-
tuaciones pertinentes, eliminando trabas y conflictos de
competencias.
Instancias de fiscalización y de control fortalecidas para
asegurar el desarrollo sostenible.
Desarrollo de programas de capacitación de las perso-
nas encargadas de la aplicación de la legislación ambien-
tal.
La aplicación efectiva del concepto de desarrollo soste-
nible dentro de las políticas de desarrollo del país y de
las agendas de los que toman decisiones.
Creación del Registro Nacional Ambiental.
Un sitio web con la base de datos disponible.
Un compendio de las legislaciones ambientales revisado.
Al menos aquellas leyes que tengan efectos transfronteri-
zos armonizadas (por ejemplo ley de pesca)
Número de proyectos presentados y expedidos de la EvIA,
en el plazo establecido por la Ley.
Número de Instituciones trabajando coordinadamente.
Lista de conflictos de competencias y de aplicación supe-
rados.
Número de denuncias recibidas y resueltas en el Poder Ju-
dicial, la SEAM e INFONA.
Número de fiscalizaciones realizadas y de dictámenes emi-
tidos por la autoridad de aplicación.
Número de servidoras y servidores públicos encargados
de la aplicación de la legislación ambiental, que participaron
de programas de capacitación.
oBJEtivos EsPEcíFicos
accioNEs ProPuEstas
rEsultados EsPErados
iNdicadorEs
responsables: SEAM, Comités de cuencas.
Presupuesto: 37.500.000 US$/5 años
responsables: SEAM, Gobierno Central, Ministerio Público, Poder Legislativo, Presupuesto: 2.500.000US$/5 años
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ÁREA SECTORIAL: DEMOCRACIA Y JUSTICIA AMBIENTAL
subsector: Ecocivismo
actividades típicas del sector:
Participación de la sociedad civil en actividades relativas a la planificación e implementación de estrategias
de conservación y uso sostenido de los recursos naturales.
Apoyo y promoción de iniciativas de la sociedad civil para una organización que apunte a la conservación
y uso racional de los recursos naturales.
Acceso de la población a la información de carácter público.
Bases para la acción
datos
Desde el año 2000, el país cuenta con el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente), una instancia
de participación creada por Ley que reúne sectores públicos y privados; el presidente del mismo
es el Ministro Secretario del Ambiente. El CONAM estuvo activo hasta el 2012 con reuniones pe-
riódicas de por lo menos 2 veces por año; actualmente se encuentra inactivo.
La sociedad paraguaya presenta un mejor nivel de concienciación acerca de la realidad ambiental na-
cional, pero con bajo nivel de participación en la gestión de la solución de sus problemas ambienta-
les, lo cual requiere un mayor acompañamiento de las autoridades locales y nacionales. La aplicación
de las sanciones establecidas en ordenanzas, reglamentos y leyes colaborará de manera sustancial
en el mejoramiento ambiental.
En los últimos años, el campesinado y las comunidades indígenas optaron por acompañar sus de-
mandas con masivas manifestaciones. Los campesinos inclusive han optado por el reclamo de tie-
rras a través de invasiones de propiedades, tanto públicas y privadas. La juventud se basó en torno a
sus reivindicaciones, y las mujeres se aglutinaron en organizaciones sociales, políticas y gremiales, a
partir de las cuales pudieron influir en forma sistemática y permanente en la adopción de las políti-
cas públicas que incorporen la perspectiva de género (PNUD 2003, modificado).
En el trabajo de la participación ciudadana, inicialmente fueron las ONG las que trabajaron más
fuertemente este tema en la década del 80. Más adelante, fueron creadas las instituciones públicas
responsables de los temas ambientales, fortaleciendo el rol del gobierno en la educación ambiental
y la participación ciudadana.
La mayoría de las gobernaciones y algunos municipios cuentan con secretarías de la mujer, de la
juventud, de cultura, de turismo y de ambiente.
Con la implementación de la Ley No 294/96 de Evaluación de Impacto Ambiental, los departamen-
tos, las municipalidades y el público en general tienen un espacio de información, pero no sobre la
toma de decisiones sobre la realización de emprendimientos públicos y privados.
Dos instancias muy activas de participación y de decisión para asuntos gubernamentales y municipa-
les son: los consejos de desarrollo departamental y los consejos de desarrollo municipal.
Los medios de comunicación oral, escrito o televisivo y las redes sociales son utilizados normalmen-
te como un espacio de denuncias por el público en general.
Es común aún que los diagnósticos nacionales o regionales se realicen en gabinete, sin contar con la
suficiente planificación y participación ciudadana de las comunidades.
Los grupos humanos tratan de ejercer su derecho de participación, para tornarse en observadores
del proceso, de tal manera que el emprendimiento que se lleva adelante, se muestre más transpa-
rente al público en general.
Presiones e impactos
Varias experiencias en temas de participación se han dado en el proceso de elaboración de los
planes de manejo de ASP. Así también, a nivel de las ONG, organizaciones de cooperación y otras
asociaciones de la sociedad civil como por ejemplo cooperativas, comisiones vecinales y otros, en
sus respectivos planes y proyectos.
Existe dificultad de acceso y falta de transparencia en cuanto a provisión y acceso a la información
de parte instituciones públicas, privadas y agencias de cooperación, que generalmente está dada por
una falta de organización de su base de datos o por un excesivo celo de las instituciones implicadas.
Los procesos de concienciación y participación aún son escasamente considerados una prioridad
en el momento de establecer los presupuestos de las instituciones, tanto públicas como privadas
por lo cual los medios económicos nunca son suficientes.
Se realizan proyectos con un alto nivel participativo, pero no quedan registros específicamente del
aporte comunitario.
Aún existe una gran mayoría masculina manejando los temas públicos, lo que dificulta que las mu-
jeres expresen sus necesidades e intereses a fin de planificar y tomar decisiones relacionadas al
ambiente.
En los grupos de trabajo interinstitucionales se tiene la idea de que la participación de indígenas,
mujeres, jóvenes o personas con discapacidad, ya incluye un enfoque que abarca a los mismos, pero
eso no se adecua a la realidad, ya que el estar presentes, no mplica necesariamente una planificación
con esas visiones, pues en la mayoría de los casos son solo invitados para justificar su presencia en
ese proceso, sin ser suficientemente consultados y sin contar con la aprobación del documento
final por los mismos.
No son suficientes los espacios para la participación de las comunidades rurales e indígenas en la
toma de decisiones e intervención de la biodiversidad, especialmente en sus zonas de influencia.
Conflictos
La falta de participación ciudadana podría ser parte significativa del bajo nivel de éxito y aceptación
local de los proyectos de conservación y desarrollo sostenible.
Prevalece la idea que la participación ciudadana es una tarea complicada y que solo entorpece las
intenciones de los que intentan implementar acciones.
En general, se reconoce escasamente el derecho al acceso a la información de carácter público y a
la participación de los afectados directos.
Existe cierto sentimiento que la participación se da solamente en la fase de diagnóstico y releva-
miento de la información, lo que genera una suerte de rechazo cuando las actividades de implemen-
tación no reflejan los pensamientos locales.
La escasa participación ciudadana, resultante de una deficiente información y educación en materia
de diversidad biológica, favorece la concreción, prosecución y proposición de acciones que afectan
negativamente la conservación de los recursos naturales.
objetivo general
Promover la participación de todos los grupos humanos, incluyendo a los pueblos indígenas, en los
procesos de diseño e implementación de proyectos de conservación y uso sostenido basados en la
conciencia ciudadana dada por la educación ambiental recibida.