Turno: 64 / Se reanuda la sesión a las nueve horas

Sobre la base de esta cantidad ahora tan solo nos falta que nos aclaren si este cambio, que tras más de un año de Gobierno del Partido Popular ni siquiera se ha iniciado, va a llevarse a cabo. Entiendo que no, sobre todo porque los números indican que vamos a continuar durante el próximo ejercicio 2013 igual que hasta ahora, a no ser que apliquen ustedes también a este ministerio su imaginación presupuestaria y consigan con este reducido presupuesto, con esta cantidad de dinero, con la que solamente se podrían lograr los objetivos si, como mínimo, fuera el doble de lo que queda. Es verdad que existen herramientas para las que no hace falta un nexo con una partida presupuestaria, pero también es cierto que otras no se podrán desarrollar si no van asociadas a un dinero.

Dice el ministro que el modelo está obsoleto y que ya no da más de sí por mucho dinero que se le destine, y a la vista de los cambios legislativos que en solitario ha hecho, efectivamente el modelo está obsoleto, sobre todo para él y para su modelo de justicia, que no es el nuestro, algo que a ustedes entiendo que no les extrañará. Lo grave es que no es el modelo de nadie.

Hablamos del nuevo modelo de justicia y de momento, después de un año como ministro, a los hechos nos remitimos y también a las frases, a los comentarios que se han realizado y que le han llevado a ganarse dedicatorias como las hechas por un abogado y concejal del Partido Popular, que ha dicho que no se puede entrar en el Ministerio de Justicia pretendiendo cambiar todo de la noche a la mañana, y además para peor. Si quieren luego les doy los datos de su compañero, aunque estoy convencido de que le conocen.

Pero este cambio proviene de un cambio mucho más profundo del aquí tratado, corresponde a un cambio en la sociedad desde los cimientos hasta el tejado, donde en breve el hecho de enfermar costará dinero, cuando estudiar se convertirá en una inversión que solo podrá lograrse con grandes sacrificios económicos para las familias, cuando protestar en las calles se penaliza con porrazos y con golpes, cuando ser despedido del trabajo le va a salir gratis a la empresa y un largo etcétera.

La velocidad con la que el señor Ruiz-Gallardón está llevando el Ministerio de Justicia no es buena porque la velocidad es una mala compañera del legislador, y cuando se aplica donde no corresponde al final acarrea errores, como es lógico y como todos entendemos, porque de las improvisaciones de legislar ocurre que se hacen mal las cosas y luego estos fatídicos errores les obligan a rectificar, bien cuando se lo decimos desde la oposición o bien cuando son los propios ciudadanos, que ejerciendo su derecho democrático a manifestarse se lo indican en las calles de las ciudades en este país.

El último ejemplo de los muchos errores que les puedo citar del ministro y que le han obligado a rectificar ha sido el futuro Proyecto de Ley de Justicia Gratuita: En una de las grandes lacras de la sociedad española, como son las mujeres víctimas de violencia de género o las víctimas del terrorismo o en otro ámbito no menos importante como son las personas con discapacidad y menores maltratados, tendrán justicia gratuita, por lo que no abonarán tasas. Y pueden ustedes comprobar que es una improvisación, no hay más que acudir al Diario de Sesiones del Pleno del pasado 27 de noviembre de 2012 en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular votó en contra de la exención de tasas para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero para comprobar que es un engaño, si acudimos al borrador del anteproyecto de Ley de fecha 29 de junio de 2012, de Justicia Gratuita, donde nada se dice al respecto, sino todo lo contrario, siendo lo único cierto que con el tasazo judicial del señor Ruiz-Gallardón las mujeres víctimas de violencia de género pagarán tasas judiciales.

Cierto es que las tasas no afectan a lo penal, pero en los juzgados de violencia de género también se tramitan procedimientos civiles. Denunciar malos tratos seguirá sin tener coste, pero romper el lazo con el agresor mediante el divorcio o reparto de bienes matrimoniales ahora tendrá una tasa. No es moralmente aceptable someter a su afán recaudatorio a una mujer que está huyendo de su maltratador, lo ha advertido incluso el Consejo General del Poder Judicial diciendo que supone un quebranto para los derechos de las víctimas de violencia de género. Para que las mujeres puedan salir del círculo de la violencia machista y rehacer su vida lo principal es romper el vínculo con el maltratador, y si el Gobierno del señor don Mariano Rajoy les pone esta carga de la tasa en procesos de separación y divorcio, espero que ustedes nos expliquen cómo lo van a hacer.

Está bien que el ministro rectifique, y que rectifique sobre la base de esta lacra social como es la desgracia de la violencia de género en lo que se refiere a las tasas.

El señor Ruiz-Gallardón juega a la confusión y le sobran recursos dialécticos para decir que las mujeres víctimas de la violencia de género van a estar exentas y no solo de tasas, sino de todo el proceso, pues les asistirá la justicia gratuita. Orgulloso a estas alturas de lo hecho ha comunicado en sede parlamentaria unas intenciones que el borrador del anteproyecto de ley no incluye y que habrá que modificar para dar cumplimiento a ese anuncio. Y si en el Ministerio de Justicia se trabaja para modificar un anteproyecto que puede hacer posible que el PP se autoenmiende es gracias a las denuncias de la oposición y de la sociedad, que esta será su realidad.

Somos plenamente conscientes de que con la escasa cantidad de dinero que queda restando lo destinado a gastos de personal no se podrán hacer transferencias e inversiones, no se podrá llevar a cabo el proceso de modernización o la puesta en marcha de la oficina judicial, pero, por lo menos, suban aquí y dígannoslo. Sean valientes y digan que quieren hacer un cambio de modelo en la justicia española, que ya han iniciado, pero que tendrá que esperar a mejores tiempos. Pero, entonces, si ustedes reconocen la verdad −que no se puede ocultar, porque ahí están los números− tampoco podrán seguir vendiendo humo diciéndonos que la justicia es para ustedes una prioridad, porque de prioridad pasa a vagón de cola.

No nos gusta su presupuesto, porque no cumple con los objetivos planteados, porque solamente cubre 50 plazas de jueces y fiscales, insuficiente a todas luces, cuando no deberían de bajar de 150. Tampoco nos gusta porque no va a reducir las situaciones de interinidad y tampoco va a dar continuidad al plan de modernización y, por tanto, no se va a incrementar la calidad de la justicia española. Con este presupuesto no se va a mejorar absolutamente nada. Y escuchando su argumentario económico, no hay dos sin tres. ¿Para cuándo piensan hacerlo? Nunca nos dirán la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Senadora Franco, tiene la palabra.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Senador Sen, yo, en esta tribuna, le aseguro que siempre digo la verdad. En esta tribuna, en ese escaño, en la calle, donde haga falta, siempre digo la verdad. (Aplausos.-Rumores.) No, perdone, siempre digo la verdad.

Yo había preparado una intervención orientada, precisamente, a las enmiendas al articulado que han defendido otras señorías. Pero usted lo que ha hecho es abrir otra vez un debate de totalidad, ya no de la sección 13, sino un debate de totalidad de todos los Presupuestos Generales. Es lo que ha hecho.

Empezamos de nuevo. Parte de debate ideológico. Ustedes repiten como un mantra, a lo largo de las diferentes secciones y enmiendas que he podido escuchar hoy, la ofensiva ideológica, la contrarreforma global, una y otra vez, una y otra vez, no sé si formará parte de su argumentario.

Es cierto que en el presupuesto de Justicia los recursos están ajustados. Hay 1507 millones de euros para la sección 13, si incluimos organismos adscritos, 1631 millones de euros. La mayor parte de ese presupuesto −lo dije ayer en el debate de totalidad− va destinado a gastos de personal, como siempre ha sido. Habla usted de que la oferta de empleo público es escasa. Usted sabe que el sector de Justicia es una de las excepciones. A todos nos gustaría convocar más plazas de jueces y magistrados y la intención que tenemos es converger a esa media europea, pero la situación es la que es. Y durante los últimos años de su mandato, ustedes también fijaron restricciones al acceso al empleo público y a la oferta de empleo público con la cobertura de las jubilaciones. Ustedes las establecieron. Hubo tiempos muy buenos, donde se crearon muchas plazas de jueces y fiscales, pero también hubo restricciones en la última etapa. Lamentablemente, hay que continuar con esa política, pero ya le digo, el sector Justicia es una de las excepciones este año y gracias a eso se pueden convocar 50 nuevas plazas en la oferta de empleo público, aparte de la nueva incorporación de 230 jueces y 120 fiscales, que lo harán a lo largo del siguiente ejercicio.

Me van a perdonar que haga, en primer lugar, una intervención de carácter general, aunque después haré referencia a las enmiendas presentadas en particular por los senadores Iglesias Fernández y Guillot Miravet en deferencia a su trabajo y a la defensa que han realizado de las mismas.

Me preguntaba usted dónde está el cambio. Es cierto que contamos con escasos recursos debido a la crisis y a la recesión, recursos que debemos gestionar de la mejor manera posible y asignarlos de acuerdo con unas prioridades a los diferentes proyectos. La decisión del ministerio en cuanto a la sección 13 es la que establece el Proyecto de Presupuestos y la que mi grupo va a defender porque es la que consideramos correcta. Yo entiendo que a ustedes no les guste esa asignación de recursos y que prefieran ciertos cambios en las partidas. También coincido con la senadora de mi grupo parlamentario que me precedió en el uso de la palabra en que a todos nos gustaría disponer de más recursos. Por supuesto que nos gustaría disponer de más recursos, sin embargo hay los que hay, las prioridades del ministerio son las que establece este presupuesto y las que considera correctas nuestro grupo parlamentario. Entiendo que ustedes quieran cambios, pero nosotros vamos a defender la propuesta que pone sobre la mesa el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la sección 13.

Me pregunta cuándo se va a realizar ese cambio, ¡si no dejamos de reformar! Empezamos con la mediación civil y mercantil que ustedes no habían acometido y continuamos con las tasas. Yo entiendo perfectamente que a los profesionales no les gusten estas tasas, claro que lo entiendo, y se lo explicaré mil veces. Dentro del colectivo de profesionales –tanto abogados, como jueces y fiscales- tengo amigos y personas que han estudiado conmigo la carrera con las que he hablado de esto en innumerables ocasiones y claro que entiendo que no les gusten, pero son necesarias. Tampoco está en peligro el servicio público de la justicia, porque se transfiere un 10% de ese coste a los usuarios del servicio público de justicia. Ustedes olvidan reiteradamente cuál es la finalidad de todo esto: vincular la tasa al servicio público de justicia gratuita, atender el incremento en la demanda de solicitudes de justicia gratuita de este país como consecuencia de la crisis y establecer un mayor umbral de personas que pueden acceder a esa justicia gratuita. Esa es la finalidad fundamental, la principal y la única de la Ley de tasas: financiar la justicia gratuita en el conjunto del país.

Son muchos los asuntos que han salido en este debate. Usted me adelantaba, como también hizo ayer, ciertos contenidos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial en relación con el nuevo Proyecto de Ley de Justicia Gratuita. Tendrá usted información privilegiada respecto a la demarcación y planta judicial, pero el resto no la tenemos, pues todavía está trabajando la comisión de expertos, que finaliza sus trabajos este mes de diciembre. A partir de ahí el ministerio formulará las consultas oportunas, elaborará el correspondiente proyecto de ley y todos tendremos aquí la posibilidad de debatirlo.

Respecto a la Ley de Justicia Gratuita y en relación con la Ley de tasas dice usted que se quería dejar excluidas de la misma a las mujeres víctimas de violencia de género pero que, posteriormente, el ministro, gracias a la presión socialista, ha incluido a las mujeres víctimas de violencia de género, que van a estar excluidas del pago de la tasa. Vamos a poner las cosas claras. Léase usted el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del día 28 de noviembre para ver lo que pedía su grupo parlamentario: la exención de las tasas, y léase la respuesta del ministro. ¿Por qué se preocupa solo del 10%? ¿Qué pasa con el 90% restante del coste del proceso? Tanto las mujeres víctimas de violencia de género, como los menores víctimas de abuso o maltrato, como los discapacitados físicos, como las víctimas de trata y tráfico de seres humanos y como las víctimas del terrorismo van a ser beneficiarios de la nueva Ley de Justicia Gratuita, con la exención total de todos los costes del proceso: tasas y costes privados. Cuestionamos la tasa, recurso público destinado a financiar la justicia gratuita, pero no cuestionamos los costes privados, no los cuestionamos. Esa es la cuestión. Sin embargo, las tasas se destinan a financiar la justicia gratuita. Asimismo, se está elaborando un Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que no solo va a ampliar el umbral de renta sino también el umbral de beneficiarios que van a poder acceder a la justicia gratuita, entre ellas, las mujeres víctimas de violencia de género, los menores, víctimas de abuso o maltrato, discapacitados físicos, víctimas de trata y de tráfico de seres humanos y víctimas del terrorismo. Señoría, esto lo dijo el ministro el 28 de noviembre. Léanse el Diario de Sesiones. Senadora Parera, perdone que no la haya mencionado antes.

Es cierto que gran parte de las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto y de Entesa son coincidentes, por lo que, con el consentimiento de sus señorías, las voy a tratar en conjunto.

Comienzo con las enmiendas relativas a la memoria histórica. Solicitan ustedes una nueva dotación para los gastos de justicia en apoyo a las familias que soliciten la exhumación de fosas y dotar de transferencias a aquellas comunidades autónomas que desarrollan tareas de dignificación y exhumación de fosas comunes. Le indicaré que es cierto que esta enmienda ya se presentó en los presupuestos del año pasado, pero no sé si en su momento se llegó a debatir porque los presupuestos del año pasado fueron un poco atípicos, pero sí le digo que a pesar de que la oficina para las víctimas de la guerra civil y de la dictadura sí que tiene su sede en el Ministerio de Justicia, este tipo de ayudas, como ustedes conocen sobradamente, no son competencia del Ministerio de Justicia, sino que han estado siempre residenciadas en el Ministerio de la Presidencia. Ayer todos tuvimos ocasión de escuchar al senador Peñarrubia hablar de que es cierto que siempre se había tenido una sensibilidad mayor, sobre todo para esa parte que supone la exhumación de las fosas comunes y la recuperación por parte de los familiares de sus seres queridos y que por la escasez de recursos este año no puede haber dotación.

Le puedo añadir que se han invertido en estos últimos años 25 millones de euros y que el mayor porcentaje, un 39,6%, se ha aplicado a financiar estos trabajos más importantes, que esta ley tiene todo nuestro respeto, que continúa en vigor y, como les dijo el senador portavoz de la sección de Presidencia, que en cuanto se pueda recuperar el nivel de recursos disponibles, se volverán a asignar partidas a estos trabajos de exhumación, que tienen todo nuestro respeto.

En segundo lugar, respecto a la aportación al Grupo de Estados contra la Corrupción, que es una enmienda que han presentado los dos grupos, tengo que decir que aquí, como saben, la resolución del Grupo de Estados contra la Corrupción establece un doble tipo de aportación: una que es obligatoria y otra que es voluntaria. Este año nuestro país va a realizar exclusivamente la aportación obligatoria por las razones que todos conocemos y que no voy a volver a reiterar, que es una aportación de una cuantía considerable, ya que son 90 464 euros, reconociendo, además, la trascendencia que tienen los trabajos que realiza este organismo, pero no se puede realizar aportación voluntaria, se va a realizar exclusivamente la aportación obligatoria.

Hay otra enmienda relativa a acometer la mejora y especialización de los funcionarios de los juzgados de vigilancia penitenciaria, menores, familia e incapacidades que están transferidos a las comunidades autónomas. A este respecto hay varias enmiendas en esta materia, como luego veremos, senadora Parera, que están pidiendo al Ministerio de Justicia una financiación de unas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas y que tienen financiación a través del sistema de financiación de las competencias transferidas que dirige y gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que deberían tratarse cuando se negocie ese marco de financiación autonómica. Estas demandas deberían realizarse dentro de esa tramitación y no intentar que se haga a través del Ministerio de Justicia, ya que el Ministerio de Justicia no puede apartarse de ese marco de financiación establecido y que está tasado, sin perjuicio de que las comunidades autónomas, en relación con los recursos que reciben por estas transferencias, las puedan destinar luego libremente a las partidas que consideren más oportunas.

También hay otra enmienda que presentaron ustedes para aumentar la dotación de la prestación de la justicia gratuita. A este respecto, y al margen de lo que hemos hablado ya sobre las tasas judiciales, como saben toda la recaudación va a ir vinculada a la financiación de la justicia gratuita a través de un procedimiento que se está estudiando, pero que va a implicar que sea el propio ministerio, siempre respetando las competencias de las comunidades autónomas, el que asuma el pago directo a los colegios de abogados. Es cierto que las partidas que están actualmente consignadas en el presupuesto se consideran suficientes, no es necesario incrementarlas. Hay que añadir, por supuesto, esta otra recaudación que se va a obtener por la vía de las tasas judiciales, y son unas partidas que no sufren disminución este año y se aumentaron el año pasado un 7,2%. Además, tengo que señalar que año tras año, aunque haya habido déficit, se han articulado los mecanismos presupuestarios disponibles para afrontar estos pagos, para que no se dejase de pagar esta partida tan importante que es la justicia gratuita.

Respecto a otra enmienda, que en este caso ha formulado exclusivamente el Grupo Mixto, relativa a la dotación de mayor personal para los juzgados de Algeciras, tengo que decir que volvemos de nuevo a competencias transferidas a las comunidades autónomas, en este caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con lo cual reitero ese mismo argumento: el sistema de financiación de competencias que se transfieren a las comunidades autónomas es un sistema de financiación articulado, cuya dirección y gestión corresponde al Ministerio de Hacienda y no al Ministerio de Justicia.

También se ha solicitado la creación del juzgado número 5 para la ciudad de Ávila. Esta es una enmienda que ya estaba en los presupuestos del ejercicio pasado. Lo que tengo que decir a este respecto es que es cierto que estos juzgados tienen una carga de trabajo superior a los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial pero ligeramente inferior a la media nacional, y lo que sí se ha comprobado, no solo en el ejercicio pasado sino también en el anterior, es que hay un descenso de la litigiosidad y, por tanto, no se estima necesario en este momento aumentarlo, pero no solo por esta razón sino porque estamos en puertas de esta nueva Ley de Demarcación y de Planta Judicial y ahora hay que ser extremadamente prudentes en la creación de nuevos órganos judiciales a la espera de esta nueva organización judicial.

En cuanto al incremento de recursos humanos y técnicos del juzgado de violencia de género de Valladolid tengo que decir, puesto que esto sí que está en territorio del Ministerio de Justicia, que cuenta con dotación suficiente en los capítulos I y II del proyecto de presupuestos, que el Ministerio de Justicia ha tratado con especial sensibilidad este tipo de juzgados y que es una partida que no ha experimentado ningún tipo de reducción.

En cuanto a las infraestructuras que se han solicitado por el Grupo Parlamentario Mixto, y que son Manacor, Ibiza y Villablino, he de decirle que Ibiza sí tiene consignación presupuestaria, que está prevista la licitación y el inicio del proyecto para el 2014, y las obras se desarrollarán entre 2015 y 2018. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Es cierto que en infraestructuras, no es que haya una paralización, lo que hay es un gasto que se va a destinar fundamentalmente al mantenimiento de las ya existentes, en tanto que aquellas que son más importantes o más necesarias en este momento quedarán a la espera de la nueva organización de la demarcación y planta judicial para no realizar un gasto que al final podría ser un despilfarro.

Hay una enmienda común que también ha señalado la senadora Parera. Es una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, del Mixto y de la Entesa para dar una subvención a los juzgados de paz. A esto sí les digo que precisamente conozco las dificultades por las que están atravesando sobre todo los pequeños ayuntamientos para hacer frente a los gastos y a las competencias que tienen asumidas. Es cierto que la Ley de Demarcación y de Planta Judicial atribuye la financiación a los juzgados de paz y al ministerio la competencia para subvencionar estos gastos de funcionamiento. Esta partida también se ha reducido dada la situación en que estamos y dado que nuestro país está incurso en un procedimiento de déficit excesivo y por tanto los recursos de que hoy disponemos son inferiores. Se trata de una partida que supera los 2 millones de euros y que el ministerio considera suficiente para que los ayuntamientos puedan afrontar estos gastos.

Quiero hacer referencia a las otras enmiendas que ha señalado la senadora Parera, que ha hablado de la interoperabilidad y de esos 400 millones de euros que en ejercicios anteriores había recibido el Ministerio de Justicia. (Rumores.) De verdad que son de ejercicios anteriores y no de este ejercicio ni de nuestro Gobierno. ¡Ojalá durante este período hubiésemos recibido esos 400 millones de euros! (Rumores.) Nosotros no vamos a disponer de los recursos de que dispuso el anterior Gobierno, pero le aseguro que con los que tenemos ahora y se destinan a modernización, que son 52 millones de euros, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, desde luego sin malgastar como hicieron los anteriores gobiernos y reconociendo, eso sí, que hicieron una importante inversión (Rumores.) pero también de un modo ineficiente, en especial en interoperabilidad, que era la cuestión que señalaba la senadora Parera.

A este respecto, al margen de esa argumentación general respecto a las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas en materia de justicia y a esa financiación a través de ese sistema que capitanea el Ministerio de Hacienda y no el Ministerio de Justicia, sí quiero decirle que dentro de la conferencia sectorial se ha establecido una colaboración, que se firmó el día 7 de mayo, entre el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas con competencias transferidas para seguir avanzando en materia de interoperabilidad, y esta es una de las cuestiones que tiene mayor importancia para el ministerio, es decir, que también la tiene para ustedes. Yo sé que la preocupación y el interés que ambos tenemos es muy importante y se va a centrar sobre todo en compartir esos instrumentos que ya existen, esos sistemas informáticos que ya existen y que funcionan para conseguir por una vez esa interoperabilidad tanto en cuanto a la interconexión de los juzgados como en relación con la interoperabilidad en materia de justicia gratuita con los colegios de abogados. Y precisamente fruto de esto es que se ha avanzado mucho, especialmente en el convenio que tiene el ministerio con la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de interoperabilidad, gracias a la cesión gratuita que ha hecho el ministerio del programa Lexnet y a las notificaciones con los colegios de abogados y procuradores.