Her Work and its Contribution to tHe tHeory and PraCtiCe of Conservation and sustainable natural resourCe ManageMent Policy Matters iuCn CoMMission on environMental, eConoMiC and soCial PoliCy issue 19 aPril 2014


POLICY MATTERS 2014: REMEMBERING ELINOR OSTROM



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plantaciones de soja en terrenos privados 



de la Amazonia y el Chaco en Sudamérica 

y del deterioro de los bosques comunales 

en Papua-Nueva Guinea concesionados a 

empresas transnacionales. Durante los años 

1970-2000 muchas comunidades mexicanas 

optaron por deforestar en respuesta a los 

subsidios a la expansión de la ganadería y 

agricultura en tierras forestales; en ausencia 

de incentivos para conservar (en contextos de 

vedas generalizadas al uso de los bosques). 

Actualmente la minería de es un factor 

central de destrucción forestal en América 

Latina. En México las concesiones mineras 

en zonas montaña se incrementaron en 30% 

entre 2006-2012, incluyendo terrenos donde 

algunas comunidades han establecido áreas 

de conservación comunitaria.

8

Los bosques públicos conservados 



presentan muchas veces condiciones de 

baja densidad de población, valoración 

ciudadana y capacidades financieras de 

los gobiernos. Son los casos de distintos 

parques nacionales en los Estados Unidos, 

Canadá y Europa Occidental, o de las 

Reservas de la Biósfera de Calakmul y Tikal 

en las zonas turísticas de la selva maya en 

México y Guatemala. La conservación de 

bosques públicos se ha logrado a partir de 

la participación social con base en prácticas 

de gobernanza tradicional en los bosques 

de los cantones suizos en los Alpes, en los 

bosques municipales del Totonicapan en 

Guatemala; o en las selvas de propiedad 

nacional concesionados a comunidades 

locales para su aprovechamiento y 

certificados por el Forest Stewardship Council 

en el Petén Guatemalteco, cuya capacidad 

para contener la expansión de la ganadería 

y de cultivos ilícitos

9

 de enervantes en la 



selva es hoy mayor que las Áreas Naturales 

Protegidas en esa región. Las propiedades 

privadas—individuales o familiare—en 

Finlandia y Austria, han producido madera 

de manera sostenida durante generaciones. 

Las comunidades productoras forestales 

certificadas por el FSC en México, las 

reservas indígenas “extractivistas”

10

 en la 


Amazonia brasileña, los bosques comunitarios 

dedicados al uso doméstico en condiciones 

de alta presión demográfica y pobreza en 

la India y Nepal y los bosques sagrados del 

Sahel Africano (Larsson, Barry, Dahal and 

Pierce Colfer, 2010) hablan del potencial de 

la propiedad colectiva para la conservación. 

En estos casos los factores determinantes en 

las dinámicas de deterioro o conservación 

han sido la equidad de la distribución de 

derechos entre actores sociales, la estructura 

de incentivos a que da lugar y su “anidamiento 

en los sistemas de gobernanza” locales y 

nacionales.

Durante la mayor parte del siglo XX, México 

fue el único país en el mundo donde la 

propiedad forestal comunitaria contaba 

con reconocimiento legal, a pesar de que 

continuamente los derechos de propiedad 

comunitarios han sido vistos como obstáculos 

para intereses públicos y de empresas 

privadas. Entre los 1950 y 1980 los bosques 

comunitarios fueron concesionados a 

empresas externas para la extracción 

comercial de madera, convirtiéndose en 

importantes activos para las finanzas públicas 

y fuente de fáciles ganancias para esas 

empresas. En los años 1980, como resultado 

de la movilización de las comunidades 

forestales, concluyeron oficialmente 

las concesiones. A partir de los 1990 al 

extenderse la preocupación por los servicios 

eco-sistémicos de los bosques, la propiedad 

comunitaria ha sido tratada como causa 

central del deterioro forestal. Los diagnósticos 

suelen ignorar los impactos de las políticas 

que durante décadas promovieron el 

cambio de uso del suelo o expropiaron a las 

comunidades de derechos de uso, decisión y 

exclusión, imponiéndoles concesiones y vedas 

al uso de los bosques. En muchos casos estas 

políticas llevaron a las comunidades a percibir 

los derechos de propiedad forestal como 

inciertos. 

8

 El área de conservación de Capulalpam,  Oaxaca, de altísima biodiversidad, donde nacen abundantes manantiales fue concesionada 



en 2005 a una minera canadiense; a pesar de que esta comunidad cuenta con amplio reconocimiento por su compromiso con la 

conservación y con la certificación de buen manejo forestal del FSC.

9

 Mariguana y amapolas utilizadas para la producción de opio y morfina.



10

 Donde se recolectan resinas, nueces.




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PANACEAS, COOPERACIÓN, 



GOBERNANZA Y CONSERVACIÓN 

La segunda gran ruptura de Ostrom con el 

pensamiento económico convencional es 

el cuestionamiento de la universalidad del 

paradigma de la “elección racional”, de la 

búsqueda del beneficio económico individual 

como móvil exclusivo de la conducta social. 

Las implicaciones del paradigma del individuo 

como “maximizador racional” rebasan las 

fronteras de la academia. En diversos análisis 

Ostrom alerta contra el riesgo de panaceas 

políticas basadas en el supuesto de la 

incapacidad de cooperación, que conducen 

persistentemente a prescripciones de 

concentración de derechos en manos de unos 

cuantos. La contraparte de los esquemas de 

concentración de derechos

11

 es la privación de 



derechos sobre los bienes comunes naturales 

o culturales, de carácter local o regional para 

la mayoría de sus usuarios, incluyendo a los 

grupos que dependan de ellos, valoran su 

presencia y conocen sus dinámicas. 

Sin negar el papel de los mercados y los 

estados en la vida social, la investigación de 

Ostrom muestra repetidamente resultados 

inesperados, incluso perversos de la 

imposición unilateral de panaceas, que califica 

como disfuncionales: concentración de poder 

y de beneficios en élites, inequidad social

12

 

toma de decisiones ajenas a las condiciones 



y necesidades locales, destrucción o 

“saturación” (Ostrom, 2007; Cárdenas, 2007) 

de la institucionalidad local y de las formas 

de cooperación comunitarias, obstaculizando 

paradójicamente la destrucción de los bienes 

comunes que se quiere proteger. Panaceas 

que resultan en actores locales carentes de 

capacidades y/o incentivos para proteger 

los bienes y actores externos empoderados, 

con capacidades de acción local insuficientes 

e inadecuadas y posibilidad de abuso 

de los bienes, en casos de los mercados 

dominados crecientemente por corporaciones 

internacionales (Dauvergne, 2008). 

Para Ostrom los individuos actúan de manera 

diferente en distintos contextos: tienden 

a comportarse de manera competitiva y 

oportunista en condiciones de mercado, 

pero aprenden normas de interacción, y 

utilizan racionalidades distintas en diferentes 

contextos. (Ostrom y Walker; 2003). La 

acción colectiva no está dada, su construcción 

implica costos y dilemas significativos. Asumir 

riesgos de cooperar requiere credibilidad 

del compromiso de los pares, visiones 

compartidas sobre los bienes colectivos y 

las presiones a que están sujetos; acuerdos 

sobre las reglas que sustentan la cooperación, 

evidencia del cumplimiento de los otros y 

de la preservación de los bienes como fruto 

de esos esfuerzos. Estas no son condiciones 

espontáneas sino construidas a partir de la 

interacción, la agencia, los esfuerzos sociales 

y políticos; que pueden estar ausentes o 

presentes en distintas medidas en diversos 

casos. La crítica del modelo del “dilema 

del prisionero” (Ostrom, 1990) reconoce 

el valor que tienen para la cooperación 

el conocimiento previo entre los actores 

(reputación) y la comunicación al interior 

de los grupos. Aprender a confiar a partir 

de la experiencia colectiva, es clave para la 

superación de los “dilemas de lo colectivo”

13

 



(Cárdenas, 2007). Ostrom asume que las 

tragedias de lo colectivo son extensas: “cuando 

las decisiones que se toman de forma anónima 

la sobre-explotación es mayor que la prevista 

por los modelos teóricos” (Ostrom, 2009), 

sin embargo en su visión hay espacio para el 

“optimismo racional”: la evidencia muestra 

que cuando los usuarios tienen posibilidad de 

diseñar sus propios esquemas de monitoreo 

y sanción y discutir “cara a cara” sobre sus 

visiones, conflictos y reglas, los resultados de 

la  cooperación son casi “óptimos” (Ostrom 

2009). Otras condiciones que favorecen la 

acción colectiva en torno a la gestión de los 

bienes comunes son: un nivel relevante de 

dependencia de los bienes, de modo que 

existan incentivos para construir y aplicar 

reglas colectivas con perspectivas de largo 

11

 Junto a la gran concentración creada por los mercados globales y  la globalización de la orientación de las políticas ambientales.



12

 Que Richard Wilkinson y Pikett  propone considerar como un “mal público” (Wilinson and Pickett, 2010).

13

 Estos dilemas derivan de la contradicción entre la búsqueda de beneficios individuales y los posibles beneficios colectivos.




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