POLICY MATTERS 2014: REMEMBERING ELINOR OSTROM
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plantaciones de soja en terrenos privados
de la Amazonia y el Chaco en Sudamérica
y del deterioro de los bosques comunales
en Papua-Nueva Guinea concesionados a
empresas transnacionales. Durante los años
1970-2000 muchas comunidades mexicanas
optaron por deforestar en respuesta a los
subsidios a la expansión de la ganadería y
agricultura en tierras forestales; en ausencia
de incentivos para conservar (en contextos de
vedas generalizadas al uso de los bosques).
Actualmente la minería de es un factor
central de destrucción forestal en América
Latina. En México las concesiones mineras
en zonas montaña se incrementaron en 30%
entre 2006-2012, incluyendo terrenos donde
algunas comunidades han establecido áreas
de conservación comunitaria.
8
Los bosques públicos conservados
presentan muchas veces condiciones de
baja densidad de población, valoración
ciudadana y capacidades financieras de
los gobiernos. Son los casos de distintos
parques nacionales en los Estados Unidos,
Canadá y Europa Occidental, o de las
Reservas de la Biósfera de Calakmul y Tikal
en las zonas turísticas de la selva maya en
México y Guatemala. La conservación de
bosques públicos se ha logrado a partir de
la participación social con base en prácticas
de gobernanza tradicional en los bosques
de los cantones suizos en los Alpes, en los
bosques municipales del Totonicapan en
Guatemala; o en las selvas de propiedad
nacional concesionados a comunidades
locales para su aprovechamiento y
certificados por el Forest Stewardship Council
en el Petén Guatemalteco, cuya capacidad
para contener la expansión de la ganadería
y de cultivos ilícitos
9
de enervantes en la
selva es hoy mayor que las Áreas Naturales
Protegidas en esa región. Las propiedades
privadas—individuales o familiare—en
Finlandia y Austria, han producido madera
de manera sostenida durante generaciones.
Las comunidades productoras forestales
certificadas por el FSC en México, las
reservas indígenas “extractivistas”
10
en la
Amazonia brasileña, los bosques comunitarios
dedicados al uso doméstico en condiciones
de alta presión demográfica y pobreza en
la India y Nepal y los bosques sagrados del
Sahel Africano (Larsson, Barry, Dahal and
Pierce Colfer, 2010) hablan del potencial de
la propiedad colectiva para la conservación.
En estos casos los factores determinantes en
las dinámicas de deterioro o conservación
han sido la equidad de la distribución de
derechos entre actores sociales, la estructura
de incentivos a que da lugar y su “anidamiento
en los sistemas de gobernanza” locales y
nacionales.
Durante la mayor parte del siglo XX, México
fue el único país en el mundo donde la
propiedad forestal comunitaria contaba
con reconocimiento legal, a pesar de que
continuamente los derechos de propiedad
comunitarios han sido vistos como obstáculos
para intereses públicos y de empresas
privadas. Entre los 1950 y 1980 los bosques
comunitarios fueron concesionados a
empresas externas para la extracción
comercial de madera, convirtiéndose en
importantes activos para las finanzas públicas
y fuente de fáciles ganancias para esas
empresas. En los años 1980, como resultado
de la movilización de las comunidades
forestales, concluyeron oficialmente
las concesiones. A partir de los 1990 al
extenderse la preocupación por los servicios
eco-sistémicos de los bosques, la propiedad
comunitaria ha sido tratada como causa
central del deterioro forestal. Los diagnósticos
suelen ignorar los impactos de las políticas
que durante décadas promovieron el
cambio de uso del suelo o expropiaron a las
comunidades de derechos de uso, decisión y
exclusión, imponiéndoles concesiones y vedas
al uso de los bosques. En muchos casos estas
políticas llevaron a las comunidades a percibir
los derechos de propiedad forestal como
inciertos.
8
El área de conservación de Capulalpam, Oaxaca, de altísima biodiversidad, donde nacen abundantes manantiales fue concesionada
en 2005 a una minera canadiense; a pesar de que esta comunidad cuenta con amplio reconocimiento por su compromiso con la
conservación y con la certificación de buen manejo forestal del FSC.
9
Mariguana y amapolas utilizadas para la producción de opio y morfina.
10
Donde se recolectan resinas, nueces.
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PANACEAS, COOPERACIÓN,
GOBERNANZA Y CONSERVACIÓN
La segunda gran ruptura de Ostrom con el
pensamiento económico convencional es
el cuestionamiento de la universalidad del
paradigma de la “elección racional”, de la
búsqueda del beneficio económico individual
como móvil exclusivo de la conducta social.
Las implicaciones del paradigma del individuo
como “maximizador racional” rebasan las
fronteras de la academia. En diversos análisis
Ostrom alerta contra el riesgo de panaceas
políticas basadas en el supuesto de la
incapacidad de cooperación, que conducen
persistentemente a prescripciones de
concentración de derechos en manos de unos
cuantos. La contraparte de los esquemas de
concentración de derechos
11
es la privación de
derechos sobre los bienes comunes naturales
o culturales, de carácter local o regional para
la mayoría de sus usuarios, incluyendo a los
grupos que dependan de ellos, valoran su
presencia y conocen sus dinámicas.
Sin negar el papel de los mercados y los
estados en la vida social, la investigación de
Ostrom muestra repetidamente resultados
inesperados, incluso perversos de la
imposición unilateral de panaceas, que califica
como disfuncionales: concentración de poder
y de beneficios en élites, inequidad social
12
toma de decisiones ajenas a las condiciones
y necesidades locales, destrucción o
“saturación” (Ostrom, 2007; Cárdenas, 2007)
de la institucionalidad local y de las formas
de cooperación comunitarias, obstaculizando
paradójicamente la destrucción de los bienes
comunes que se quiere proteger. Panaceas
que resultan en actores locales carentes de
capacidades y/o incentivos para proteger
los bienes y actores externos empoderados,
con capacidades de acción local insuficientes
e inadecuadas y posibilidad de abuso
de los bienes, en casos de los mercados
dominados crecientemente por corporaciones
internacionales (Dauvergne, 2008).
Para Ostrom los individuos actúan de manera
diferente en distintos contextos: tienden
a comportarse de manera competitiva y
oportunista en condiciones de mercado,
pero aprenden normas de interacción, y
utilizan racionalidades distintas en diferentes
contextos. (Ostrom y Walker; 2003). La
acción colectiva no está dada, su construcción
implica costos y dilemas significativos. Asumir
riesgos de cooperar requiere credibilidad
del compromiso de los pares, visiones
compartidas sobre los bienes colectivos y
las presiones a que están sujetos; acuerdos
sobre las reglas que sustentan la cooperación,
evidencia del cumplimiento de los otros y
de la preservación de los bienes como fruto
de esos esfuerzos. Estas no son condiciones
espontáneas sino construidas a partir de la
interacción, la agencia, los esfuerzos sociales
y políticos; que pueden estar ausentes o
presentes en distintas medidas en diversos
casos. La crítica del modelo del “dilema
del prisionero” (Ostrom, 1990) reconoce
el valor que tienen para la cooperación
el conocimiento previo entre los actores
(reputación) y la comunicación al interior
de los grupos. Aprender a confiar a partir
de la experiencia colectiva, es clave para la
superación de los “dilemas de lo colectivo”
13
(Cárdenas, 2007). Ostrom asume que las
tragedias de lo colectivo son extensas: “cuando
las decisiones que se toman de forma anónima
la sobre-explotación es mayor que la prevista
por los modelos teóricos” (Ostrom, 2009),
sin embargo en su visión hay espacio para el
“optimismo racional”: la evidencia muestra
que cuando los usuarios tienen posibilidad de
diseñar sus propios esquemas de monitoreo
y sanción y discutir “cara a cara” sobre sus
visiones, conflictos y reglas, los resultados de
la cooperación son casi “óptimos” (Ostrom
2009). Otras condiciones que favorecen la
acción colectiva en torno a la gestión de los
bienes comunes son: un nivel relevante de
dependencia de los bienes, de modo que
existan incentivos para construir y aplicar
reglas colectivas con perspectivas de largo
11
Junto a la gran concentración creada por los mercados globales y la globalización de la orientación de las políticas ambientales.
12
Que Richard Wilkinson y Pikett propone considerar como un “mal público” (Wilinson and Pickett, 2010).
13
Estos dilemas derivan de la contradicción entre la búsqueda de beneficios individuales y los posibles beneficios colectivos.