Turno: 64 / Se reanuda la sesión a las nueve horas

La otra enmienda que presentaré es la 2004, de adición, que pretende derogar el incremento de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido; otra medida sangrante y difícil para las familias españolas. Esa subida del IVA fue la puntilla a la economía familiar; una medida insostenible para las familias, una carga a la que se enfrentan millones de familias, que ya están aguantando además de una manera brutal la subida del IRPF, del IBI, de los medicamentos, la reducción de ayudas por desempleo, la reducción de becas o el aumento del precio de las matrículas. Ha habido una doble penalización al consumo, subiendo el IVA y los porcentajes, pero también cambiando el tipo de miles de productos; una medida que está sacrificando a las familias y que se carga en las espaldas de toda la ciudadanía. Es un claro y duro golpe al consumo, a la economía en el peor momento y, sobre todo, señala la ineficacia de las medidas que vienen ustedes tomando durante este último año. Unas medidas que han conllevado despidos en sectores muy frágiles, como el pequeño comercio o el turismo; unas medidas que vuelven a golpear al sector más importante y que puede generar empleo: la pequeña y mediana empresa. Por tanto, señorías, por todos estos motivos, pedimos en esta enmienda la derogación de esta subida del IVA.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Luzardo

El señor LUZARDO FUENTES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subo nuevamente a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular de dar continuidad con estas reformas a la política que aplica el Gobierno de España. Reformas que, por descontado, no son ajenas al funcionamiento de las administraciones públicas ni al sector público español. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y, en definitiva, toda la política del Gobierno se basa en tres pilares fundamentales. Uno, la reducción del déficit y de la deuda; dos, garantizar el Estado del bienestar; y tres, una apuesta decidida por las reformas estructurales. Estas tres líneas de trabajo tienen un denominador común, que es cumplir, siempre cumplir, y decir la verdad.

Estos presupuestos dan un paso más en el duro y difícil camino de la recuperación económica. Son, en definitiva, una herramienta más para alcanzar esa meta. El Grupo Popular entiende que las previsiones del Gobierno son perfectamente alcanzables, que las reformas estructurales que está impulsando tendrán un efecto positivo sobre la economía española. Pero también le pedimos al Gobierno de España que no se resigne, que no se relaje, que siga liderando la lucha contra la crisis y que haga todo lo posible por recuperar la confianza y la certidumbre. La garantía de estabilidad presupuestaria, la reforma laboral, el Plan de pago a proveedores, las medidas de apoyo a emprendedores, la gran reforma de la Administración, la lucha contra el fraude, la unidad de mercado, las mejoras en sanidad y en educación, por supuesto, la reforma de la justicia y otras tantas son, junto a estos Presupuestos Generales del Estado, la fórmula para que España alcance el ansiado objetivo del crecimiento económico y de la creación de empleo.

A los grupos enmendantes, después de escuchar atentamente sus intervenciones y aunque trataré de dar respuesta a cada uno de sus planteamientos, les pido que arrimen el hombro; que arrimen el hombro y que ayuden en lo que puedan, que sean generosos y consecuentes −sobre todo, consecuentes− y que, de una vez por todas, dejen de mirar por sus intereses partidistas. Porque lo que está en juego no es si al Partido Popular le irá mejor o peor en las próximas elecciones, no; está en juego algo mucho más importante que eso, que es la recuperación de nuestro país de aquí a un horizonte más bien cercano.

Señorías, el hecho de que España sea capaz de reducir el déficit público hasta llegar al 4,5% del PIB o que hagamos bandera del equilibrio presupuestario es clave para el futuro de muchos ciudadanos, es la hipoteca de la que les liberamos, de la que todos nos estamos liberando. Lo hemos discutido sobradamente estos días y lo reitero: como ya ocurre con los presupuestos vigentes, esta ley realiza un esfuerzo enorme de contención, un esfuerzo que en este ejercicio será de 40 000 millones de euros; es un esfuerzo que confirma el compromiso del Gobierno, y por tanto el compromiso de todos los españoles, en el cumplimiento del déficit público.

El ministro de Hacienda decía hace unos días que si no reducíamos el déficit público la deuda pública iba a estallar en nuestras narices. Creo que tiene razón y, por lo tanto, no estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Señorías, si no reducimos el déficit público estaremos condenando a generaciones de españoles, incumpliremos la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incumpliremos nuestros compromisos internacionales e incumpliremos la propia Constitución que acabamos de conmemorar recientemente. ¿O piensa alguien a estas alturas que España puede permitirse incumplir ese objetivo?

Señorías, el Grupo Popular piensa apoyar este presupuesto porque considera que el Gobierno hace todo lo posible para que la economía española vuelva a ser fiable, porque da un paso más hacia el saneamiento de las cuentas públicas y porque en estas cuentas lo que se prioriza no son tanto los números como las personas. A pesar del contexto, de la deuda, del déficit, del paro que hemos generado, es mayor el ajuste realizado sobre el gasto que el esfuerzo requerido a través del ingreso. Por tanto, es un presupuesto claramente social, porque, a pesar de destinar 105 millones de euros al día −cada día− al pago de los intereses de la deuda, ha sido capaz de aumentar en un 34% los créditos destinados a garantizar la asistencia de nuestros mayores, a la dependencia, a los jóvenes, a las familias, a la infancia, a la drogodependencia, a las personas con discapacidad o a las mujeres víctimas de violencia de género; porque apuesta por la consolidación fiscal, de la que tanto hablamos, para asegurar la financiación de las políticas sociales y los servicios públicos esenciales. Y lo apoyaremos, porque cumple con lo establecido por la Unión Europea y el Consejo Europeo en materia de estabilidad, de coordinación y de gobernanza, lo que en definitiva mejora la confianza en nuestro propio país; porque mantiene un compromiso de apoyo financiero a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas, lo que no solo les permitirá −se lo está permitiendo− hacer frente a sus vencimientos de deuda, sino pagar además las numerosas facturas pendientes con los proveedores. Solo en el caso de Canarias −y perdonen que ponga este ejemplo− el apoyo decidido del Gobierno ha permitido el pago de más de 124 000 facturas, algunas de ellas hasta en pesetas, que se debían a los proveedores. Lo apoyaremos también por su marcado compromiso y apoyo financiero a pymes y emprendedores en el sector tecnológico, y por el aumento de un 8,7% en políticas de investigación, desarrollo e innovación; y porque prevé mantener, además, el salario de los trabajadores públicos que dependen de la Administración General del Estado. Porque prioriza y profundiza en la austeridad del gasto público a través de la reestructuración del sector público aquí citada, con los ajustes en número y salario de altos cargos, la racionalización de inmuebles y parque móvil o la reducción por segundo año consecutivo de subvenciones a partidos políticas −por qué no decirlo−, a organizaciones sindicales y patronales, y el ajuste por segundo año consecutivo también de un 9% en el gasto medio de todos los ministerios. Lo apoyaremos porque contempla un aumento de los recursos destinados al sistema de financiación local, modifica algunos impuestos con carácter progresivo y crea nuevas figuras tributarias que permitirán alcanzar los objetivos de ingresos; y porque destina en definitiva 660 millones de euros, de más de 1000, para abonar parte de la deuda dejada por el Gobierno anterior debido al impago de las cuotas sociales por los cuidadores no profesionales en atención y aplicación de la ley de la dependencia.

Por todo eso, señorías, entendemos que estas cuentas merecen todo el apoyo de esta Cámara y sin duda contarán con el del Grupo Parlamentario Popular. Créanme si les digo que ya nos gustaría no tener que pagar esa deuda; nos gustaría no tener que asumir esos gastos, subir los sueldos de los funcionarios, hacer más carreteras, más pabellones, más políticas sociales; pero el momento que nos ocupa es absolutamente distinto. Yo sé que subir impuestos es lo que algunos plantearían, y de hecho lo plantean en este momento. Sé que esa fórmula está tatuada en la piel de la izquierda; pero nosotros no creemos en ella. Y a pesar de haber recibido un país con una deuda duplicada, y a pesar de haber recibido un país con unas cifras de paro disparadas, estamos dispuestos a asumirlo como la obligación que el momento impone. Son cuestiones de las que este Gobierno se tiene que ocupar y, desde luego, de las que nosotros nos vamos a ocupar. Eso, que lo puede entender cualquiera, espero que lo entiendan hoy todos los grupos de esta Cámara, y que apoyen estas cuentas.

Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el señor Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, presidenta.

Señor portavoz del Grupo Popular, ¿cómo quiere usted que arrimemos el hombro si nuestra percepción es que con sus políticas y con ese presupuesto nos llevan al desastre? Por nuestra parte, ser corresponsables de su gestión, de su presupuesto, sería incoherente y una total irresponsabilidad. No insista más con esas frases huecas de “arrimar el hombro”, de “manos tendidas”, que por otra parte no existen. Nuestro esfuerzo hoy es poner encima de la mesa las enmiendas, fruto de un trabajo; su respuesta, hasta el momento, es que ninguna sirve. Esto es lo que objetivamente está pasando en este debate.

¿Es que alguien piensa que España va a cumplir con los objetivos del déficit? Nadie, excepto ustedes. En el 2012 no los cumplimos, en el 2013 no los cumpliremos y el mismo señor Montoro ya nos tuvo que hablar ayer del 2014, porque para él el 2013 casi ni existía.

Un presupuesto realizado con la previsión de una recesión de medio punto, cuando todas las previsiones de todos los organismos son del triple, es un presupuesto falso. Y el presupuesto que presentan aquí para su debate está realizado sobre la base de unas previsiones económicas totalmente erróneas. Como fueron erróneas todas las previsiones que ustedes mandaron a Bruselas, que, si hoy las repasáramos, verían la gran cantidad de errores que recogieron en ellas.

Yo soy de los que creen que España ni puede ni debe afrontar una reducción del déficit en estos plazos tan cortos, porque eso nos está estrangulando e impide nuestro relanzamiento. Y este tiene que ser el objetivo de este Gobierno junto con otros países que están en las mismas circunstancias: intentar alargar los plazos para poder afrontar, no solo la reducción del déficit, sino también el relanzamiento económico. Tampoco cuesta tanto entenderlo, pero ustedes dicen que no, que prefieren ir por ese camino, que nos está llevando al desastre, vistos todos los datos.

Y, de impuestos, si nosotros los llevamos tatuados, ustedes los llevan tatuados con henna; pero impuestos, los justos y necesarios. Evidentemente, no compartimos la percepción de ustedes de lo que es un impuesto justo, porque aquellos que más tienen hoy no están participando con el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio en todo lo que está representando afrontar esta crisis. Y a ustedes esto los deja impávidos.

Por último, me habla de reformas, de que ustedes están mejorando la educación y la sanidad. De verdad, cuando hacen esas afirmaciones pienso que o se las creen –lo cual es muy preocupante− o es puro cinismo, con lo cual ya no hay debate. ¿Pero cómo me puede decir que ustedes están mejorando la educación y la sanidad, con los recortes que están sufriendo estos presupuestos? ¿Que ustedes están reformando la justicia? Será por las tasas judiciales, porque otra cosa no hay. ¿Y que ustedes están reformando la Administración pública? Será bajando salarios, será anulando la paga de Navidad, será con una serie de medidas que, por ejemplo, los empleados públicos no perciben como una mejora y una reforma de la Administración pública.

Insisto –y con esto termino-: en todo este debate parlamentario, aparte de las diferencias políticas o ideológicas que pueda haber, a mí lo que ya me empieza a preocupar del Partido Popular y sus portavoces es que realmente se creen lo que dicen, porque −insisto− esto es estar fuera de una realidad que en parte se encontraron y en parte han construido ustedes, que es que España está devastada socialmente, está sufriendo una grave crisis económica, y sus respuestas hoy por hoy son del todo inservibles.

Gràcies, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Rápidamente, presidenta.

Senador, las enmiendas que le presentaba el Grupo catalán no tienen ningún tipo de contenido económico ni afectan a los Presupuestos Generales del Estado ni a ninguno de los otros presupuestos. Tratan simplemente de clarificar los balances de la Seguridad Social, que la Administración de la Seguridad Social pase esos edificios, esas instalaciones, al Estado, y el Estado las traspase a las comunidades autónomas, que son las que están gestionándolos desde hace más de treinta años. Son las comunidades autónomas las que están invirtiendo sobre esos edificios y, por tanto, se les tiene que dar facilidades −no solo a la catalana, no es una cuestión específicamente de Cataluña, sino a todas las comunidades autónomas− para que puedan disponer libremente de ellos, esencialmente −sí, se lo reconozco− para financiarse, para que se financien las comunidades autónomas. Pero este valor añadido, esos más de 400 millones de euros invertidos en esos edificios, se deben a las comunidades autónomas a lo largo de estos años.

Eso no tiene ninguna repercusión sobre el presupuesto del Estado, no tiene ninguna repercusión sobre el déficit; se podría hacer y darían facilidades a las comunidades autónomas. El año pasado −no el año pasado sino hace seis meses− en otra forma de enmienda ya lo solicitamos en los Presupuestos del Estado, nos dijeron que estaba en proceso, y ahora vemos que no estaba en proceso sino que derogan la disposición que así lo establecía.

Y en cuanto a la otra enmienda, sobre las bonificaciones respecto de los contratos indefinidos de mujeres, contratos que son suspendidos por los permisos de maternidad, efectivamente, puede tener un cierto contenido económico, que en todo caso es mínimo. Nos parece que es justo demandarlo, y también sería justo que aceptaran esta propuesta. Aquí puedo aceptar que el gran perjudicado no es la mujer que ha pedido el permiso de maternidad, es verdad; el gran perjudicado es la empresa que contrató a esas mujeres de forma bonificada y que después, simplemente porque se haya concedido un permiso de maternidad, pierde dicha bonificación.

Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Pérez Navas.

El seño PÉREZ NAVAS: Señora presidenta, brevemente.

Señor portavoz del Grupo Popular, fundamentalmente no ha respondido

a las dos enmiendas que he defendido y no ha utilizado ningún argumento para rebatirlas. No obstante, voy a refirme a dos cuestiones. En primer lugar, usted ha dicho que uno de los ejes de sus políticas es garantizar el Estado del bienestar, algo que nosotros no encontramos por ningún lado. Dígame usted dónde está la protección del Estado del bienestar subiendo el IVA para el material escolar o los productos más básicos para la familia, o dónde está la protección del Estado del bienestar con la subida de las tasas judiciales. Ahí no hay ni competitividad ni Estado de bienestar ni creación de empleo. Ahí no hay nada de eso a lo que ustedes aluden. Por lo tanto, el suyo sí que es un presupuesto irreal, puesto que no persigue eso que dicen ustedes que quieren perseguir.

En segundo lugar, usted aludía a que con esta enmienda nosotros podemos estar mirando por intereses partidistas. Pues mire, señoría, no nos mueve ningún interés partidista. Lo único que a nosotros nos mueve y por lo único que miramos es por los ciudadanos, por las familias, por las pequeñas y medianas empresas, por los autónomos; y defendemos a los que más están sufriendo en este momento los duros ataques y los duros recortes que ustedes les están imponiendo con sus políticas. Lo único que hay en este momento en estos presupuestos es desprotección social y desmantelamiento del Estado del bienestar.

Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Senador Luzardo, tiene la palabra por el Grupo Popular.

El señor LUZARDO FUENTES: Gracias, presidenta.

Trataré de dar respuesta de forma puntual a cada una de las enmiendas por las que se han interesado los portavoces.

En cuanto a la actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, debo decirle, señor Bel, que eso sí tiene repercusión económica. Y la tiene, entre otras cosas, porque esa será la forma en la que el Estado cobre precisamente esas cuentas pendientes con la Seguridad Social. Por primera vez en la historia ha habido un Gobierno que cumplirá con una de las principales premisas y recomendaciones del Pacto de Toledo, que es la separación de fuentes. La separación de fuentes supone un hito histórico que hará que la Seguridad Social deje de asumir un importante volumen de gasto que ponía en riesgo su propia sostenibilidad. Por tanto, repito que sí tienen repercusión y todo el interés para el Estado, puesto que tiene que saldar esas deudas pendientes.

En relación con las tasas judiciales, que ha citado el portavoz del Grupo Socialista −sé que es un tema que preocupa mucho y que también hemos debatido mucho en esta Cámara−, a pesar de lo que el propio ministro de Justicia y nuestra portavoz en la materia han argumentado al respecto, seguiremos explicando una y otra vez que una propuesta semejante para que sea derogada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado merece, desde luego, un debate en profundidad. Estamos hablando de una propuesta que se aprobó y se debatió hace apenas un mes en esta Cámara, y solo cabe decir que esta es una norma que tiene por objeto garantizar la sostenibilidad del sistema y garantizar la asistencia gratuita a los que menos tienen. Es una norma que, como usted sin duda conoce, no solo establece una política de tasas en sintonía con los países de nuestro entorno, sino que además ha tenido un exquisito cuidado en su aplicación, tratando de ser progresiva y de centrarse en las segundas instancias. Yo espero que nos mentalicemos de una vez por todas, señorías, de que el coste de los servicios públicos desde luego lo tiene que asumir el Estado; y lo que se plantea en este momento es que un pequeño coste −apenas un 10%- de la justicia se traslade a los usuarios.

Sobre las bonificaciones a la contratación, ya nos gustaría haber mantenido todas, señor Bel; ya nos gustaría no deber lo que debemos. Es cierto que se han suprimido algunas, pero no todas, ni muchísimo menos. Se mantienen precisamente aquellas centradas en estimular, en ayudar, en proteger a los colectivos más desfavorecidos, con mayores dificultades de acceso al trabajo. Hablo de los mayores, hablo de los parados de larga duración, hablo de los jóvenes, hablo de las mujeres y hablo de los discapacitados, por supuesto, sin olvidar el apoyo a la contratación y el apoyo a los nuevos emprendedores. Pero esta es la realidad del país que hemos heredado, señorías.

En cuanto a la subida del IVA, por la que también me han preguntado, debo decirles que en 2011 el déficit de nuestro país ascendió a 90 000 millones de euros, una cifra que sin duda conocen, una cifra astronómica, se mire por donde mire; y todo ese dinero lo tenemos que pedir prestado, señoría. Por lo tanto, como somos serios y buenos pagadores, lo vamos devolver. Estoy convencido de que al Gobierno le gustaría rebajar los tipos del IRPF, le gustaría reducir el IVA, y además estoy convencido de que lo hará. Pero, caramba, aquí nos hemos olvidado muy pronto de que fueron sus Gobiernos socialistas los que subieron el IVA cuando la crisis supuestamente ni nos afectaba ni mucho menos era tan grave como hasta la fecha. Señorías, les pediría un poco de memoria y coherencia, porque este país también necesita Gobiernos serios y una oposición seria y leal. Y le recuerdo que fue el señor Rubalcaba quien bajó los impuestos y quien además se negó a subirlos a las rentas más altas. Seriedad, señorías; seriedad y memoria.

En relación con los tipos aplicables a los tramos del IRPF, sabe usted que esta medida es de carácter temporal y que se toma como consecuencia de la necesidad que tiene nuestro país de luchar contra el déficit público. Se trata de una medida que solo resultará de aplicación durante los años 2012 y 2013 y que, a diferencia de lo que ustedes hicieron, ha tenido un cuidado exquisito con las rentas más bajas dado su carácter progresivo.

Así es que, señoría, comparto con usted este y cualquier otro rechazo al aumento de cualquier tributo a los ciudadanos, pero créame cuando le digo que si el Partido Socialista no hubiera negado la crisis, si ustedes hubieran actuado con rigor y consecuentemente con lo que ocurría en los países de nuestro entorno, como otros hicieron, creo que hoy no estaríamos manteniendo este debate.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Disposiciones finales.
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Disposiciones finales.

Por el Grupo Mixto, enmiendas 35 a a 40, de los señores Iglesias F ernández y

y Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el senador Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a resumir de forma muy breve nuestras enmiendas.

La primera de ellas pretende dar respuesta a lo que fue un importante debate social, abierto como consecuencia del cese en su responsabilidad del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y del triste colofón de tal decisión: el debate sobre la indemnización correspondiente. Obviamente, ese debate y el conocimiento que la sociedad española tuvo de la situación que se estaba dando no han contribuido precisamente a mejorar la perspectiva que de los cargos institucionales tienen los españoles. Por eso, nuestra primera enmienda pretende resolver esta cuestión limitando las asignaciones indemnizatorias con posterioridad al cese, reduciendo estas a una indemnización mensual igual a la doceava parte del 60% -a lo mejor habría que pensar ya en el 50%, después de la última reducción que el Partido Popular y el Gobierno han aplicado a la prestación por desempleo- de las retribuciones asignadas a los cargos respectivos, estableciendo además un completo régimen de incompatibilidades sobre esa indemnización.

A continuación presentamos una enmienda en la que se establecen criterios para el cálculo del capital vivo, excluyendo el efecto que pueda tener el importe de los saldos negativos de las liquidaciones de la participación en ingresos del Estado correspondientes a las entidades locales, que es un freno para que estas puedan endeudarse. En otra enmienda posterior, y partiendo de la probable realidad de que esta no vaya a ser aprobada, se establece un régimen de endeudamiento más duro del señalado en la Ley de haciendas locales, pero que no establece la imposibilidad que en estos momentos se viene produciendo.

En otra enmienda proponemos que, a la hora de afrontar las situaciones en las que se tiene que producir un reintegro de recursos recibidos con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo, se establezcan criterios de proporcionalidad, excluyendo aquellas situaciones en las que la dilación en la ejecución de los proyectos no es imputable a la entidad local.