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destaca en el contexto de los principales países de la Unión Europa y Estados Unidos
por tratarse de uno de los casos en los que la reducción de la desigualdad fue más
intensa. Tal proceso contrasta con los cambios de naturaleza inversa sucedidos en los
países de la órbita anglosajona, con un incremento notable de la desigualdad,
invirtiéndose radicalmente las tendencias de las décadas anteriores tanto en Estados
Unidos como en el Reino Unido. Lo sucedido en España se distanció también de la
relativa estabilidad en los países centroeuropeos, o de la inversión de la tendencia a la
reducción de las diferencias entre los hogares en algunos de los países que
tradicionalmente habían sido caracterizados como más igualitarios, como Suecia y otros
países nórdicos.
La evidencia disponible para los indicadores que sitúan la atención en la parte
inferior de la distribución de la renta confirma el carácter diferencial de la experiencia
española y la ganancia en términos de convergencia respecto a los principales países de
la Unión Europea en términos de bienestar social. La recuperación de la actividad
económica, el crecimiento del empleo y el aumento del gasto social en España en tal
período contrastan con lo sucedido en varios de los países citados, con importantes
reducciones del gasto social y una menor cobertura de los servicios de bienestar.
Del avance en la convergencia con otros países europeos en la década en la que
España pasó a formar parte de la Unión Europea no debe inferirse una relación lineal
entre el proceso de integración y la mejora redistributiva, dada la subsidiariedad de las
políticas sociales en el ámbito comunitario. No obstante, las mayores expectativas de
crecimiento económico que generó el proceso de integración europea contribuyeron a la
reactivación de la economía y a la creación de empleo, a lo que hay que añadir el
impulso recibido para el desarrollo de infraestructuras básicas en varias regiones
financiado con fondos comunitarios y el acceso a otros fondos sociales, que
favorecieron la mejora de las rentas de los hogares. En cualquier caso, como se señaló
en el apartado anterior, la reducción de la desigualdad en España en un contexto en el
que otros países registraron un importante ensanchamiento de las diferencias de renta
entre los hogares, debe atribuirse, fundamentalmente, a factores ajenos o no
directamente vinculados al proceso de integración europea. La recuperación del ritmo
de creación de empleo, aunque con un peso muy importante de la contratación temporal,
el aumento mucho más moderado que en otros países de las diferencias salariales, una
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modificación también más pausada de la estructura demográfica, con una incidencia
menor de algunas de las situaciones que en períodos posteriores estarían asociadas a una
mayor vulnerabilidad, y, sobre todo, el aumento del gasto social, con la puesta en
marcha de nuevos programas de garantía de ingresos y la extensión del sistema de
pensiones contributivas, son las principales causas que explican el comportamiento
diferencial de la desigualdad en España durante la década de los años ochenta.
En la década de los noventa, la evolución de las economías europeas estuvo muy
condicionada por el tránsito hacia un modelo de integración mucho más ambicioso,
cuya principal desembocadura iba a ser la formación de un área monetaria común. El
compromiso de convergencia en un conjunto de indicadores monetarios básicos obligó a
los países aspirantes a formar parte de esta unión monetaria a rebajar sustancialmente
los niveles de déficit y endeudamiento público y a mantener de forma duradera los
saldos de las cuentas públicas por debajo de los umbrales establecidos. El resultado fue
que la mayoría de los Estados Miembros desarrollaron políticas de consolidación fiscal,
que dificultaron el mantenimiento de algunos de los avances previos en la reducción de
la desigualdad. Aunque con algunas diferencias, en la mayoría de los países hubo una
notable moderación del gasto social.
España no resultó ajena a este proceso, afectada, además, por oscilaciones más
marcadas en el ciclo económico, con dos fases distintas en la década de los noventa,
como la severa recesión entre los años 1992 y 1994, y la posterior recuperación y
expansión en los años posteriores. Como se señaló, la tasa de desempleo volvió a
situarse rápidamente por encima del 20%, con una rápida transformación de los
contratos temporales en situaciones de desempleo.
Este período se caracterizó también por cambios importantes en el proceso
distributivo en Europa. Los cambios en la internacionalización de la actividad
económica en el territorio europeo afectaron tanto al movimiento de bienes y servicios
como al de factores de producción e introdujeron, sobre todo, una notable restricción en
la independencia de los gobiernos para el diseño de la intervención pública
redistributiva, con una menor capacidad en la utilización de recursos y una obligada
recomposición del gasto público. Las consecuencias fueron también notables en el
mercado de trabajo, con procesos de desregulación en la mayoría de los países