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social. Ese proceso se truncó, sin embargo, en el primer tercio de los años noventa,
cuando la breve pero intensa fase recesiva de la economía española elevó los
indicadores de desigualdad a niveles que la posterior fase de prolongado crecimiento
económico y del empleo no consiguió rebajar.
Este es, de hecho, uno de los rasgos más relevante del análisis de los cambios en
la desigualdad en España en el largo plazo: durante la larga etapa de bonanza
económica, en la que la tasa de desempleo registró su valor más bajo de las últimas
décadas, los indicadores de desigualdad apenas cambiaron. Con la crisis, finalmente,
éstos alcanzaron valores muy altos en un período muy breve, con una profunda caída de
las rentas más bajas, una progresiva reducción del peso relativo del estrato de hogares
con rentas medias y un impacto menor sobre las rentas más altas. España fue, de hecho,
el país de la OCDE donde tuvo lugar la mayor diferencia en la evolución de las rentas
de los hogares en las decilas superior e inferior. El retrato, por tanto, de los efectos
distributivos de la crisis es claramente regresivo: tuvo lugar un doble proceso de pérdida
de renta en la sociedad española, con niveles medios en términos reales inferiores a los
que había una década antes, y un aumento de la participación sobre el total de los más
ricos.
Son varias las implicaciones de este comportamiento de la desigualdad en el
largo plazo. En primer lugar, esta evolución permite inferir que el shock que ha
supuesto la crisis económica podría tener efectos duraderos sobre la distribución de la
renta. La experiencia de cambios de ciclo anteriores, como el de los primeros años
noventa y la expansión posterior, cuando no se recuperaron los indicadores anteriores a
la recesión a pesar del crecimiento del empleo, alerta de que el ensanchamiento de las
diferencias de renta en la crisis puede dar lugar a niveles de desigualdad
considerablemente superiores a los de las últimas décadas, que se pueden prolongar en
el tiempo.
En segundo lugar, tanto la contención del proceso de reducción de la
desigualdad en los años noventa como el espectacular crecimiento de los indicadores
desde el inicio de la crisis han alejado de nuevo a España de los valores medios
europeos y, sobre todo, de los países de la Unión Europea con mayor nivel de renta.
55
Esta creciente divergencia ha supuesto una progresiva pérdida de bienestar social, que
cualifica negativamente los logros alcanzados en otros ámbitos.
Sigue pendiente, por tanto, la necesidad de abordar un problema estructural, que
no sólo merma la posición de España en los estándares relativos de bienestar
comparados. El crecimiento de la fragmentación social y su mantenimiento en el tiempo
supone tanto el enquistamiento de un grave problema de inequidad como serias
ineficiencias económicas. Como recientemente se señalaba desde el Fondo Monetario
Internacional (Ostry et al., 2014), la desigualdad puede socavar el progreso social,
causar inestabilidad política y económica que reduce la inversión y rebajar el consenso
social necesario para moderar los efectos de posibles shocks macroeconómicos
adversos, limitando, por tanto, el ritmo y la duración del crecimiento económico.
Aspirar a menores niveles de desigualdad debería ser, por tanto, una prioridad no sólo
de la política social sino de la propia estrategia general de crecimiento económico.
La mejora de la actividad económica y la creación de empleo serán condiciones
necesarias para rebajar los actuales niveles de desigualdad. No es fácil, sin embargo,
que ambas realidades sean suficientes para que tal disminución alcance la magnitud
necesaria para acercar los indicadores españoles a los europeos. La extensión del
problema del empleo de bajos salarios, las dificultades para que posibles ciclos
expansivos alteren sustancialmente las características básicas de la estructura salarial, la
inercia en las desigualdades relacionadas con las rentas del capital y los límites del
sistema de prestaciones sociales para moderar la dispersión de las rentas primarias, que
constituyen los rasgos básicos del modelo distributivo, rebajan la probabilidad de que,
sin cambios en los principales instrumentos redistributivos, los ciclos económicos
favorables reduzcan la notable distancia que todavía separa los indicadores de
desigualdad españoles de los que presentan los países de nuestro entorno.
56
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